Esta columna será escrita junto a Carol Bown, abogada.
Hace unos días, comenzó la discusión del presupuesto del próximo año en el Congreso Nacional, especialmente relevante en esta oportunidad porque habrá cambio de gobierno, y, por tanto, no será la actual administración la que lo ejecute sino el nuevo Presidente de la República. En tal sentido, una de las preocupaciones más grandes, dada la crisis en que se encuentra la actual institucionalidad de infancia, son los recursos destinados al Servicio Nacional de Menores (SENAME), lo anterior, para poder cubrir, de mejor y más eficiente forma, las necesidades de los niños vulnerados y adolescentes en conflicto con la ley penal.
El año pasado, si bien se aumentó sustantivamente el presupuesto del referido servicio, 6,3%, en la práctica, fue un financiamiento que fortaleció sólo el área estatal, olvidando por completo que el 96,2% de la oferta para niños vulnerados es desarrollada por organismos colaboradores acreditados y solo el 3,8% vía Estado directamente. En efecto, de los $16.545.178 miles en que se incrementó el presupuesto 2017, fueron a parar a la administración directa $15.493.476 miles y sólo $83.592 miles para el programa de subvención de protección de menores. Bajo una concepción ideológica se privilegió lo estatal en desmedro de lo privado. El problema es que se olvidaron que los niños vulnerados son los mismos y que requieren una inversión y una protección de parte del Estado en igualdad de condiciones, sin discriminaciones arbitrarias.
Afortunadamente, el proyecto de presupuesto 2018 viene positivamente a corregir la senda estatista que se venía dando, poniendo el foco acertadamente. Así, se aumenta en un 8,2%, específicamente, $23.665.464 miles adicionales, en total, $ 310.841.149 miles asignados al SENAME. De éstos, hubo un aumento presupuestario del 15,2% en el área de subvención de proyectos de protección de menores, más de $22.724.496 miles, invirtiéndose en total cerca de $ 173.208.784 miles, diferenciándose sustantivamente del incremento de recursos del año 2017, los que en la misma línea presupuestaria apenas había subido dicho año un 0,1%. En concreto, el aumento está dado principalmente en la reducción de las listas de espera, fortalecimiento de la oferta programática de adopción, disminución de las brechas en modalidades de cuidados alternativos residencial, extensión del programa 24 horas y mayor gasto por aplicación del artículo 80 bis de la Ley N°19.968. Como se visualiza, todas inversiones concretas que directa o indirectamente favorecen el bienestar de los niños.
Con todo, claro es que la inversión para la protección de un niño vulnerado privado de su medio familiar que se encuentra en una residencia privada, versus la estatal, sigue siendo muy desigual, debiendo el Estado elevar progresivamente el financiamiento para asegurarle calidad de vida a todos los niños.
Asimismo, asumiendo su rol subsidiario, el Estado correctamente proyecta en Coyhaique la implementación de un centro residencial de administración directa del SENAME permitiendo abordar a los niños vulnerados de la XI región, donde la oferta privada es insuficiente. En línea con lo anterior, también es acertada la creación de un centro residencial altamente especializado en la Región Metropolitana, para dar atención a niños vulnerados en sus derechos con trastornos severos de salud mental.
Lamentablemente, eso sí, la subvención de recursos destinados a justicia juvenil, esto es: libertad asistida, libertad asistida especial, servicios en beneficio de la comunidad, salidas alternativas, medidas cautelares ambulatorias, reinserción educativa e intermediación laboral para adolescentes infractores de ley, tuvieron nulo aumento presupuestario (0,0%) en relación al 2017. Asimismo, la evaluación de los programas para niños vulnerados e infractores de ley no es una prioridad presupuestaria tampoco, subsistiendo el problema estructural del Servicio ya que no permite evidenciar si los recursos se encuentra bien invertidos o no. Lo mismo en lo referido al programa de familias de acogida respecto del cual, tampoco existe preocupación presupuestaria alguna.
Así las cosas, el considerable aumento de recursos constituye un paso positivo y su correcta focalización da cuenta de un avance hacia una preocupación real por todos los niños, siendo eso sí, aun, tremendamente insuficiente la inversión para mejorar y proteger verdaderamente a nuestros niños vulnerados y reinsertar socialmente a nuestros adolescentes en conflicto con la ley penal.
