Fundado en razones que he sustentado en columnas, intervenciones públicas y en un par de libros, he planteado que a nuestra Patria le conviene introducir reformas importantes en su ordenamiento constitucional.

Mi posición definida en esta materia no me vuelve ciego ni sordo, sin embargo, a los argumentos plausibles que esgrimen algunos de quienes rechazan la idea de nueva Constitución. Tengo muy claro que ningún bando en esta polémica puede atribuirse algún tipo de monopolio de la sensatez o el patriotismo. Por lo mismo, asumo que existen críticas que no solo son legítimas sino que, además, contienen, razonamientos valiosos que mueven a la reflexión y enriquecen el debate (por ejemplo, las que presenta habitualmente Sebastián Soto, con quien tengo el agrado de compartir página en este diario).

Existiendo esos argumentos de peso, resulta lamentable que al momento de negarse siquiera a discutir el proyecto de reforma que crea la Convención Constitucional, el grueso de la derecha política haya preferido descalificar la oportunidad de esta iniciativa. Denunciando una maniobra electoral del gobierno, han señalado que asuntos como éste no deben discutirse en un año de elecciones.

La verdad es que el argumento del "momento adecuado" para debatir cosas importantes da para mucho. Al factor "año de elecciones", otros agregan que tampoco puede discutir nada importante cuando la economía está lenta o mala (para no afectar las expectativas, dicen). Otros plantean que los gobiernos muy impopulares o que están terminando tampoco pueden promover debates de fondo.

Tratemos, por un momento, de ver adónde nos lleva este "argumento". Apliquemos estos singulares criterios a la historia de nuestra democracia posdictadura De entrada, habría que descartar todos los años en que ha habido elecciones (bajo esa peculiar lógica estarían vedados los años 1989, 1992, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012, 2013, 2016 y 2017). Descartemos luego los años en que habría habido debilidad o incertidumbre económica (aquí se caerían los años 1990, 1994, 1998, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016 y 2017). Saquemos a continuación los años en que los gobiernos respectivos no eran muy populares (fuera, entonces, los años 2002, 2003, 2006, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2017).

¿Qué queda después de ese colador? Poquito. Apenas cuatro años (1991, 1995, 2007 y 2010). Esos habrían sido, entonces, los únicos años en los cuales, de acuerdo al criterio de la derecha, habría sido prudente hacer cambios constitucionales importantes. Al analizar lo que ocurrió en esos años, el argumento que estamos examinando se devela como un mero pretexto. En 1991 Aylwin trató y la derecha dijo no. En 1995 Frei trató y la derecha dijo no. En 2007 Bachelet trató y la derecha dijo no. En 2010 Ignacio Walker y Carlos Larraín trataron y la derecha más dura dijo no.

Invito a abandonar el pretexto de la oportunidad y a que discutamos el fondo. Invito a pensar en grandes acuerdos sustantivos. Y si en 2004 y 2005, años de elecciones, se pudo consensuar un cambio constitucional importante, no veo por qué no podamos pensar, ahora, desde el Congreso, en abrir cauces para una decisión constitucional más participativa.