EL SISTEMA de previsión social chileno, fuertemente privatizado, enfrenta múltiples problemas estructurales . Como, por ejemplo, bajas pensiones, altísimas tasas de ganancias de las AFP, volatilidad de las pensiones ante los vaivenes de los mercados financieros, redireccionamiento del ahorro previsional hacia los grandes conglomerados económicos, exportación de parte de los ahorros pensionales, desnacionalización de la industria, ausencia de estándares de asignación socialmente responsable de los fondos de pensiones, nula participación de los afiliados en el manejo de las AFP, comisiones implícitas poco transparentes, grandes brechas de beneficios entre hombres y mujeres, y entre civiles y militares.

Después de tres años, la actual administracion no ha podido mostrar avances reales en esta materia, a pesar de la Comisión Bravo y de un Comité de Ministros, que sesionó por un tiempo. En la actualidad el tema está en manos del Ministerio de Hacienda (no del Ministerio de Trabajo y Previsión Social), que conduce un diálogo a puertas cerradas con las AFP y los partidos políticos.

Quizás se llegue a un proyecto de ley pero éste tendrá escasa legitimidad social. Por otra parte, la ciudadanía sale periódicamente a la calle, en grandes números, para pedir un nuevo régimen previsional pero el sistema político es incapaz de procesar esta demanda. Desde los anuncios presidenciales de agosto del 2016, el debate se ha centrado en qué hacer con el 5 por ciento de cotización a cargo de los empleadores, lo que ha despertado una soterrada lucha por quién se lleva la administración de este porcentaje: las AFP, interesadas en administrar los nuevos fondos, o un fondo colectivo cuyos contornos no se entienden bien.

Hay que cambiar el enfoque, presentando soluciones integrales, discutidas frente a la ciudadanía. La experiencia internacional ofrece una valiosa ayuda en esta materia: como lo muestra el Banco Mundial y la OCDE en sus informes, la gran mayoría de los países del mundo tienen sistemas públicos de reparto, a los que les hacen ajustes en atención a cambios en demografía, productividad y situación fiscal. Los esquemas privatizados de previsión social son minoritarios y varios países los han abandonado a partir del 2008. Chile se ha transformado en una anomalía internacional, aferrándose al sistema privatizado de las AFP.

¿Qué hacer? Primeramente, la seguridad social debe ser un derecho y no un negocio privado.

Segundo, las personas deben ser capaces de escoger el sistema de pensiones (público o privado, o una combinación de ambos) que prefieran.

Tercero, el decreto ley 3.500 de 1981 que asegura el monopolio de las AFP sobre las cuentas individuales debe ser derogado a la brevedad: se debe permitir a las personas la posibilidad legal de desafiliarse de las AFP, si así lo prefieren y trasladarse a un nuevo pilar público contributivo de reparto, administrado profesionalmente por un IPS fortalecido.

La experiencia de países que desprivatizaron sus sistemas de pensiones como Polonia, Hungría y Argentina, muestra que entre el 80 y 90 por ciento de las personas prefirieron el pilar público, aunque los recursos que se trasladaron son entre 60 a 70 por ciento del total. El resto quedó en un sistema reformado de cuentas individuales. En Chile el pilar de cuentas individuales debe ser abierto a entidades sin fines de lucro y gremiales y no ser exclusividad de solo seis AFP.

En este contexto, la cotización adicional de los empleadores más la cotización del empleado irían al pilar elegido por los cotizantes.

Devolvamos a la gente la opción de escoger en materia previsional, apoyados en una ciudadanía activa y en un Estado reformado que recupera su rol histórico en la provisión de seguridad social.