En estos días el Gobierno aprobó la instalación de un relleno de residuos (basura) industrial en la comuna de Tiltil. Este se suma al relleno sanitario de basura domiciliaria ubicado en la misma comuna, una planta de tratamiento de residuos, tres estanques de relave mineros, una planta de molienda de carbón, un criadero de cerdos y otras actividades contaminantes. Til Til también tiene el dudoso honor de cobijar la cárcel de Punta Peuco. Desde luego, la aprobación del nuevo relleno cumple con todos los estándares que exige la ley y utiliza las mejores tecnologías disponibles para evitar daños de filtraciones y otros accidentes.

Sin embargo, los ciudadanos de Tilt Til, liderados por el alcalde, están indignados. Consideran que se han convertido, literalmente, en el basural del Gran Santiago y resienten que buena parte de su comuna esté asignada para recibir los desechos de actividades productivas y de consumo que no los benefician en lo más mínimo, al menos de forma directa.

Las quejas de la comuna de Til Til no son únicas en el mundo ni en Chile. De hecho, hay una expresión en inglés, "not in my backyard" (no en mi patio trasero), conocida por la abreviación "nimby".

Conflictos por la instalación de obras de infraestructura "no deseadas" hemos tenido muchos en Chile en los últimos años. Famosos son los de Puchuncaví, a raíz de las actividades industriales y portuarias de Ventanas. El lector también recordará el criadero de cerdos de Freirina; la sospechada emisión de contaminantes del puerto de Antofagasta que puso presión para limitar su expansión; el Terminal 2 de Valparaíso y su supuesta muralla de contenedores, y el emblemáticamente fallido proyecto de Hidro Aysén. Aún persisten los conflictos sobre la central hidroeléctrica de Alto Maipo, a pesar de haber sido aprobado y estar en plena construcción.

Proyectos del sector público tampoco han estado exentos de cuestionamientos. Entre varios, el nuevo aeropuerto de Temuco y el Acceso Sur a Santiago son dos ejemplos de conflictos prolongados y que determinaron un costo y plazo de ejecución de las obras muy superior al presupuestado.

Como en toda actividad humana, hay diversas opiniones sobre las causas que generan estas situaciones y no es este el lugar para entrar en los detalles de ellas. Sin embargo, no podemos desconocer que parte del problema es que en Chile no seguimos las mejores prácticas en estas materias. Éstas, a nivel internacional, indican que antes de iniciar una gran obra de infraestructura o construir un proyecto "nimby", como en el caso de Til Til, es necesario tener un proceso de diálogo con la ciudadanía que permita evaluar alternativas (incluyendo de localización), discutir las características del proyecto (con posibilidades de modificarlo), evaluar sus consecuencias (de manera transparente), adoptar las medidas de mitigación necesarias y, por último, debatir cómo se distribuyen los beneficios del proyecto.

Que las autoridades digan que "sacrificar" la comuna de Til Til fue una opción que el Gobierno tomó hace 20 años atrás, no se hace cargo de las legítimas preocupaciones de sus habitantes y no exime a las autoridades de hacerse cargo de los problemas que se crean, hoy y en el futuro, si se siguen sumando proyectos "nimby" a la comuna.

Más aún, entiendo que hace dos décadas nadie consultó a los vecinos si querían convertirse en el basurero del Gran Santiago. Fue una decisión que puede haber sido técnicamente correcta —y que tal vez se volvería a adoptar hoy si se siguieran las mejores prácticas—, pero donde seguramente no se consideró a la comunidad.

Como economista, hay un criterio que me sorprende no se considere más activamente en casos como los mencionados. Me refiero al concepto de Óptimo de Pareto, un gran economista de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando estamos en una situación pre proyecto y queremos cambiarla, por ejemplo, construyendo un relleno sanitario en Til Til, hay personas que se benefician, ya que no tienen que enterrar la basura en su jardín o guardarla en su departamento, y otros que resultan perjudicados, los habitantes del entorno del relleno sanitario.

Estos se ven afectados por múltiples motivos. Por ejemplo, es posible que baje el valor de sus propiedades; aumente el tráfico de vehículos y la contaminación atmosférica y terrestre; y se generen riesgos asociados a la operación del relleno como emisión de gases tóxicos, invasiones de moscas, contaminación de los caminos de acceso, entre otra.

El criterio de Pareto señala algo que con un poco de reflexión es bastante obvio: el relleno sólo se debe construir si lo que ganan los beneficiados es superior a lo que pierden los perjudicados. En tal caso, la obra representa una ganancia neta para la sociedad en su conjunto.

Además, abre una posibilidad interesante pero muy poco considerada en la práctica. Esto es, que los ganadores compensen a los perdedores por lo menos hasta el punto de resarcirlos de sus pérdidas y como máximo hasta donde llega la ganancia de los beneficiados. En tal caso, nadie queda peor que antes de la ejecución del proyecto. En el ejemplo del relleno sanitario, en principio, la compensación de los perdedores por parte de los ganadores se puede hacer de manera bastante sencilla. Basta con que la tarifa por retirar la basura incluya la compensación. Y esto tiene otra cualidad, se puede pagar de forma permanente o todo de una vez permitiendo que los perjudicados que prefieran se puedan trasladar a otro lugar.

Desde luego, todo esto debe ser conversado con los ciudadanos antes de iniciar el proyecto e incluso de hacer el diseño. Debe ser parte de las conversaciones iniciales a las que me referí anteriormente. No se trata de compensaciones que la empresa ejecutora descuente de sus utilidades. Los beneficiarios deben pagar y este pago ser incorporado en la tarifa que se cobrará por remoción de basura. La empresa ejecutora simplemente retira y procesa la basura por lo que tendrá que ser compensada adecuadamente. No es su función compensar a las comunidades, como lo hacemos hoy día.

Actualmente, en vez de organizar e institucionalizar este mecanismo vivimos en el peor de los mundos. El proyecto se aprueba o rechaza en base a las normas ambientales vigentes y no se consideran criterios como el que acabo de señalar ni se practica el verdadero diálogo con la ciudadanía. Pero como la gente no es tonta —suponer lo contrario es un grave error, además de un insulto— sabe que puede aplicar presión para obtener compensaciones. Más aún, para maximizar la compensación las ejerce cuando más le duele al ejecutor del proyecto. Como todo esto es informal, no está institucionalizado, caemos en malas prácticas tanto de parte de las empresas —que se compran a los líderes de los "perjudicados" y hacen un proyecto de menor calidad de lo que pudo haber sido—, como de los "perjudicados" que, a veces, terminan beneficiando de manera desproporcionada a unas pocas personas.

Creo que el país ganaría mucho buscando maneras de institucionalizar estos procesos. Por de pronto, la calidad de los proyectos mejoraría, los afectados serían justamente compensados y se reducirían los espacios para los abusos que hay en ambos lados.