Hasta mañana podían operar en Venezuela cinco empresas estadounidenses de servicios petroleros, que gozan de una exención para producir curdo en el marco de las sanciones que ha aplicado Washington al país sudamericano. Sin embargo, en esta jornada el Departamento del Tesoro les concedió un nuevo permiso, que se extiende hasta el 25 de octubre del presente ejercicio.
La orden ejecutiva de la que se libran Chevron, Halliburton, Schlumberger, Backer Hughes (de GE) y Weatherford Intenational, es la que prohíbe contratos, transacciones y actividades con PDVSA o empresas donde la estatal venezolana tenga una participación igual o mayor a 50%.
Fue Chevron, que opera la empresa San Ramon junto a PDVSA, la que con su poderoso lobby presentó el caso ante la administración de Donald Trump. De acuerdo a lo consignado por Bloomberg, la firma advirtió de verse obligada a retirarse de Venezuela sus activos serían entregados a otros operadores, cediendo espacio a los intereses de Beijing y Moscú en el país con las mayores reservas de crudo en el mundo.
"Hubiese sido contraproducente no extenderle la licencia a Chevron, ya que PDVSA tendiéndolos como socios no estaría en la obligación de entregar los dividendos por la producción que se tiene. Es como si tu socio se fuera y no pidiera nada a cambio", señala a PULSO Antero Alvarado, socio principal de Gas Energy Latin America.
El experto venezolano detalla que al dejar caducar el permiso, Washington "habrían dado oxígeno a PDVSA y Nicolás Maduro", agregando que "tener a Chevron hace que PDVSA tenga que compartir esos dividendos" y coincidiendo en que la medida evita "entregar esos activos a chinos y rusos".