Enel le quita el piso a asociación gremial que calificó de “inviable” el proyecto que busca estabilizar cuentas de la luz

Gobierno alza y baja  Cuenta de luz

La directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas, había señalado que el gremio se opondría a la fórmula del Ejecutivo, y que presentarían una alternativa que contaría con la visión de las empresas socias, entre ellas, la eléctrica de capitales italianos.


Siguen agitadas las aguas en torno a la iniciativa del Gobierno que busca estabilizar el pago de las cuentas de electricidad en Chile. Y es que el proyecto, que se enmarca dentro del plan Chile Apoya, inició su tramitación a fines de mayo, continua su curso en la Comisión de Energía del Senado.

En ese contexto, la instancia legislativa se prepara para recibir a actores del sistema energético del país. Entre ellos, la directora de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), Ana Lía Rojas, había adelantado el rechazo por parte de la entidad gremial, que grupa a empresas de generación renovables, a la iniciativa del Ejecutivo por considerarla “inviable” y porque la propuesta “tiene una serie de condiciones de diseño que le da un golpe que puede ser muy dañino para pequeñas y medianas empresas renovables y para todo el proceso de transición energética”, según señaló a El Mercurio.

Pero las palabras de Rojas no cayeron nada de bien en una de sus empresas asociadas: la eléctrica de capitales italianos, Enel. Así lo dejó claro la firma internacional al emitir una declaración pública en la que, aclaran, sus dichos “no nos representan”.

El escrito apunta a que Rojas “ha señalado públicamente la oposición gremial al proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo”, situación que “no compartimos”.

En su declaración, la eléctrica sostiene que “el proyecto de ley impulsado por el ejecutivo busca impedir un alza en cuentas de energía que afecte a los clientes, especialmente los más vulnerables, condición que compartimos”.

Agregan que, para la compañía, “el proyecto debe ser perfeccionado para buscar una solución que permita a las empresas continuar con las inversiones requeridas para la transición energética y que a su vez proteja a los usuarios que más lo necesitan”.

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