“Está desesperado, destruido, deshecho”: las angustiosas horas de Luis Núñez en la cárcel después de ser declarado culpable de homicidio

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07 de Febrero de 2020/SANTIAGO El imputado mira a su abogado , durante la formalizaci—n en el Centro de Justicia del ex futbolista Luis Nu–ez, quien permanec‡ pr—fugo por el delito de homicidio FOTO: FRANCISCO CASTILLO/AGENCIAUNO

El ex delantero de Universidad Católica y Magallanes, entre otros clubes nacionales y extranjeros, está inquieto por la alta condena que puede recibir. En el Centro Penitenciario de la capital de la región de O'Higgins temen, incluso, que pueda atentar contra su vida. Juan Hernández, su abogado, relata el presente del ex futbolista.



Apenas conoció el dictamen que lo declaraba culpable de los delitos de homicidio simple y lesiones graves, en el juicio por la muerte de Juan Pinto, ocurrido en 2018 en San Joaquín, Luis Núñez explotó. La reacción mezclaba varias sensaciones. Las más notorias, rabia y desesperación. “Esto no puede ser posible. Yo no le disparé. Esto no puede ser posible”, exclamó, apuntando al que considera como el verdadero culpable. “Ponte los pantalones, cobarde conchetumadre”, insiste. El juez le pide calma y, finalmente, ordena que se le silencie el micrófono para poder continuar con la audiencia. El ex delantero de Universidad Católica, Magallanes y Deportes Concepción, entre otros clubes, teme por su futuro. El Ministerio Público acababa de pedir 12 años de presidio mayor en su grado medio en relación al primer cargo y 700 días de presidio menor en su grado medio para el segundo. La defensa de Núñez solicitó las penas menores, pero igualmente considerables. La primera, 10 años de privación de libertad. “Yo no disparé”, insiste el imputado. Su expresión refleja angustia.

Las horas siguientes han sido un reflejo del complejo que vive el exjugador. “Está desesperado, destruido, deshecho”, explica Juan Hernández, el jurista que lo defiende, a El Deportivo. El estado de ánimo ya lo embargaba antes de la audiencia y fue el motivo por el que ya se declaró en huelga de hambre hace unos meses. Ahora, ya les manifestó a las autoridades carcelarias la intención de retomar la medida de presión. Su defensor conoce de la posibilidad, aunque, formalmente, no ha sido notificado al respecto. “Tengo entendido de que tenía la intención de realizar una huelga de hambre. La huelga se la comunica a Gendarmería, estos al tribunal y, finalmente, ellos a mí, como su defensor”, explica.

De lo que sí da fe es del estado de ánimo de su cliente. “Cuando una persona se siente inocente, recibir un golpe de este tipo, es muy fuerte. Es un tribunal cuyos criterios de valoración de prueba son bastantes bajos. No es primera vez que castiga a un inocente”, plantea Hernández, antes de ratificar que ya le dio a Núñez la certeza de que recurrirá de nulidad a la sentencia apenas efectivamente la conozca. Será esa la instancia que esperará, también, para reunirse con él. “Antes de eso, lo que podría hacer es abrazarlo, nada más. Ya le dije que sí o sí voy a recurrir. Es una decisión fácil de tomar. Pero para todos los efectos, solo se puede ver o revisar una vez que se conozcan los fundamentos de fallo”, dice. El plazo de la presentación es de 10 días corridos después de oficializado el fallo. “El juicio oral no es apelable, por lo que no existe la doble instancia. Lo único que existe es el recurso de nulidad”, profundiza. “¿La poca fiabilidad de los testimonios te permite llegar a un convicción de culpabilidad? Si la prueba es poca y es mala y condenas igual, lo que haces es aumentar el riesgo de condenar inocentes. Los estándares que se deben exigir en un juicio oral deben ser más altos”, postula.

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Luis Núñez dialoga con su abogado en una audiencia de 2020 (Foto: Agenciauno)

El calvario

Mientras las instancias de rigor resuelven la materia, Núñez sufre. Su desesperación la comparte con tres compañeros de ‘carreta’. Probablemente, a ellos les ha explicado cómo sucedió el hecho. Con ellos se mueve en el escaso tiempo en el que abandona la celda para pasar al patio. Dispone de tres horas, entre las 9 y las 16. En el Centro Penitenciario de Rancagua, está asignado a un módulo especial de alta seguridad para internos no peligrosos, pero de alta connotación pública, que reciben un régimen penitenciario diferenciado. Precisamente, esa condición motiva una vigilancia más dedicada y específica de parte del personal de Gendarmería. Esa parte de las instalaciones es descrita internamente como “un módulo limpio, tranquilo y ordenado”.

Las precauciones se han intensificado después de que se conoció el veredicto, que lo expone a un largo tiempo tras las rejas. Cada una hora, los funcionarios lo visitan para chequear su estado. El temor es concreto: que Núñez atente contra su vida, como había advertido en varias oportunidades frente a la posibilidad de ser condenado por un delito que, según ha asegurado insistentemente, no cometió. Su abogado, por cierto, adscribe a la declaración de inocencia y repara en el peso de las pruebas. “Está establecido que Luis Núñez no disparó. Pero entienden que sí colaboró, al llegar armado, según el tribunal, que lo dio por acreditado con criterios de valoración de prueba bastante bajos”, refuerza.

Por el momento, en el penal, Núñez está recibiendo asesoría sicológica y, si es necesario, se le dotará, también de respaldo siquiátrico. “Existe un historial de depresión”, describe Hernández, quien asegura que su defendido convive con muy pocos internos y que ha mantenido buena conducta, aunque ha sido sancionado por algunas infracciones al régimen interno, como mantener un teléfono móvil. En Gendarmería, de hecho, lo describen como una persona de buen trato con los funcionarios y el resto de los internos. Su defensor solicitará que se mantenga en Rancagua y no sea devuelto a la Cárcel de Alta Seguridad, de la que salió por las reparaciones a las que estaba siendo sometido el recinto. Y, ciertamente, que se mantengan las precauciones y cuidados en torno a las situaciones de potencial riesgo.

En mayo, cuando Núñez inició una huelga de hambre seca, precisamente ante la incertidumbre respecto de la resolución de su caso, ya se habían activado los protocolos respectivos. La institución que custodia a los internos está obligada a velar por su salud, según las normas internacionales de Derechos Humanos. En ese escenario, si las condiciones del exdelantero empeoran, Gendarmería está facultada para actuar incluso en contra de su voluntad.

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