Lo que partió como un caso de un saqueo y que involucraba a un concejal de La Calera se transformó en una gran causa por tráfico de drogas, que ha dejado al descubierto presuntos vínculos entre personeros de la política y bandas de narcotraficantes.

La historia se hizo pública el 2 de diciembre, cuando la PDI detuvo al concejal RN Karim Chahuán por su eventual participación en un robo en lugar no habitado en el Mall "Open Plaza" de La Calera. En la audiencia de formalización de ese caso, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Felipe González, aseguró que durante la madrugada del 29 de octubre el concejal habría concertado el robo junto a dos de sus trabajadores, quienes se desempeñaban en su automotora ubicada en la ciudad, llamada "Chahuán Cars".

González también agregó que Chahuán llamó a uno de sus trabajadores, Francisco Escobar, y le habría dicho "está tirado el Tottus (…) vénganse para acá, están quedando las últimas h… Yo no puedo salir en esto, pero los puedo ayudar".

Sin embargo, el caso tendrá un vuelco que se hará público mañana viernes. La fiscalía reformalizará a Chahuán y le imputará los delitos de tráfico de drogas, tráfico de influencias y falsificación de documento público. Este último ilícito tendría relación con una supuesta adulteración de patentes de vehículos. El Ministerio Público optó por unir la investigación del saqueo con una indagatoria que venía de antes y que apunta al vínculo que tendría Chahuán con una banda de narcos de La Calera. Según fuentes de la fiscalía, el rol que tendría el concejal sería de facilitador: le entregaba autos a la banda para que cometiera los ilícitos.

El concejal administraba la automora "Chahuán Cars", firma que es controlada por la sociedad Empresa Constructora Kakuza Limitada. Esta sociedad fue constituida por los padres de Chahuán en 2008 con un capital inicial de $ 10 millones y tiene el objeto de prestar "todo tipo de servicios y obras relacionadas con construcción y proyectos inmobiliarios".

Los primeros en dar a conocer el presunto vínculo de Chahuán con narcos fue Ciper. Según ese medio, Chahuán estaría vinculado con la banda de Pedro Melo Cartagena, quien solía ir a la automotora del concejal. En 2011 Melo fue sorprendido por la PDI, en lo que se denominó la Operación Ballena, que consiguió la incautación de 211 kilos de cocaína. En el marco de las indagatorias que llevaba la fiscalía por esta banda, fue que la policía civil intervino su celular y así se alertó de su intención de saquear un Tottus de La Calera.

Estos antecedentes fueron expuestos por la fiscalía cuando se discutió, el 30 de diciembre, la mantención de la prisión preventiva de Chahuán. De hecho, fue la misma Corte de Apelaciones de Valparaíso que en su fallo para mantener la cautelar, aseguró que "atendido el mérito de los antecedentes y teniendo únicamente presente que en estrados ha sido reconocida por los intervinientes, la circunstancia de encontrarse pendiente una audiencia de reformalización con respecto de delitos de tráfico de drogas, falsificación de instrumento público y tráfico de influencias, ilícitos que habrían sido cometidos o descubiertos en dependencias regentadas por el imputado, cuestión que permite visualizar un riesgo para el éxito de la investigación si el imputado se encontrara libre, en términos tales que pudiera provocar la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba y atendido lo dispuesto en el artículo 144 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de treinta de diciembre de dos mil diecinueve".

Querella por filtración

Ayer Chahuán realizó una de sus primeras acciones en esta nueva causa. El concejal fichó al abogado Juan Carlos Manríquez e ingresó una querella por los delitos de violación de secreto y de obstrucción a la investigación por lo que, acusan, serían filtraciones de parte de la carpeta investigativa del caso.

Según la presentación, "la conclusión es que alguien, o un grupo de personas con acceso a la carpeta de investigación, han otorgado información secreta a los medios de comunicación, afectando gravemente la investigación, perjudicando a mi mandante, y favoreciendo conductas de obstrucción y de ingreso de información falsa o tendenciosa a la carpeta y en el concepto público".

"La querella por obstrucción a la investigación, por filtraciones, esto es violación de secreto y por eventual aportación de pruebas falsas tiene por objeto dejar constancia que a la fecha se ha hecho un juicio paralelo a la tramitación que lleva adelante la fiscalía respecto de Karim Chahuán", dice a La Tercera PM el abogado Manríquez.

La defensa del concejal estará atenta a lo que suceda en la audiencia de reformalización de mañana y de imputarse los cargos por tráfico de drogas, dicen, se solicitará que se separe la investigación y se asignaría a otro abogado especial para que se haga cargo del caso por Ley 20.000.

Manríquez afirma que la divulgación de los antecedentes de la causa "han creado un clima que afecta a la igualdad de armas, la presunción de inocencia, configura un pre juzgamiento y en el fondo son utilitarias a aumentar un caso que no es más que dos receptaciones de hurtos cometidos por terceros en el estallido social, para tratar de convertirlos en una presunta gran causa vinculada a organizaciones criminales. Eso es intolerable".

Chahuán tiene su militancia en RN suspendida desde el 3 de diciembre y el Tribunal Supremo del partido lleva adelante un proceso disciplinario que sigue en curso. Ese proceso, que se inició por el saqueo, ya tiene incorporado los nuevos antecedentes sobre su supuesta vinculación con el narcotráfico. RN, en tanto, presentó una querella en el caso a través del abogado Ángel Valencia. Sin embargo el Juzgado de Garantía de La Calera la declaró inadmisible, pero el partido apeló y está a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Valparaíso.