La hoja de ruta de la Mesa de Reparación Integral para las víctimas de violaciones a los DD.HH. en el estallido

“Les escribo esta carta porque la tarea que debemos desarrollar desde la Subsecretaría de Derechos Humanos es gigantesca, y para abordarla es necesario contar con toda la colaboración posible. La construcción de un camino para la verdad, la reparación y la memoria es fundamental para seguir avanzando en un proceso de transformaciones y mejoras para la vida de todos y todas las habitantes de nuestro país. Por eso la Mesa de Reparación Integral es una iniciativa central para nuestro gobierno”.

Así parte el escrito que hace algunas semanas compartió la subsecretaria Haydee Oberreuter a todos los seremis de Justicia del país, quienes están a cargo de coordinar en sus respectivas regiones los “encuentros participativos” incluidos en la instancia que encabeza la senadora Fabiola Campillai Rojas, y que el gobierno del Presidente Gabriel Boric diseñó con miras a “sentar las bases para la calificación y la reparación de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social”.

Tal como anunció el Mandatario, dicha etapa -considerada central para este proceso- se iniciará formalmente este viernes 19 de agosto en Magallanes, y se extenderá hasta el 12 de noviembre, día en que se realizaría el último de los encuentros programados, hasta ahora, en la Región Metropolitana.

Al respecto, la subsecretaria Oberreuter manifestó a La Tercera que están ad portas de iniciar un camino “que pondrá en el centro a las víctimas y sus familiares, quienes serán protagonistas en las definiciones que se construirán en la Mesa de Reparación, impulsando un proceso inédito en nuestro país. Realizaremos ocho jornadas de encuentros, que se llevarán a cabo a lo largo de dos días cada una”. En el mismo tono, agregó: “Estamos muy felices de comenzar por las regiones y así ir dialogado con todas y todos en el país”.

Pero pese al entusiasmo, y a que han pasado casi tres meses del compromiso del jefe de Estado con este plan, lo cierto es que aún hay una serie de aspectos que despejar, porque aún no se ha logrado dilucidar cuántas son las personas que serán beneficiadas y no se han transparentado los requisitos que se deben reunir o exponer para ser considerados en el plan. A eso se suma que tampoco están definidas las formas de reparación.

De acuerdo con los datos que se han entregado hasta ahora, los mencionados espacios de diálogo se dispusieron con miras a fortalecer los lazos de las víctimas y sus familiares con el Estado, identificar las problemáticas sociales que los afectan, desarrollar una coordinación intersectorial en la región para acercar la oferta pública de planes, programas y políticas a las necesidades de los involucrados. Además se tiene como objetivo enriquecer el conocimiento sobre la realidad de la ciudadanía que sufrió menoscabo de sus derechos.

Al recabar esos antecedentes en cada uno de los encuentros, sus representantes -se deberá elegir una dupla paritaria territorial para esos efectos- pasarán a integrar luego la Mesa de Reparación, donde expondrán las particularidades de cada zona con miras a construir los acuerdos que se buscan. Por lo mismo, en cada una de las citas participativas se deberán levantar informes que serán revisados en la etapa siguiente del proceso.

Aquello se estima esencial, pues como comentaron en privado quienes están participando de la organización de este plan, serán las víctimas quienes deberán proponer las medidas de reparación que luego el Estado implementará, por lo que aún hay una serie de dudas. El gobierno, agregan los mismos personeros, no tiene una batería de propuestas fijadas a priori, sino que se esperará a que sean quienes sufrieron los menoscabos expresen cuáles serían las mejores formas de avanzar.

Si bien ningún mecanismo está descartado, entre las fórmulas a disponer podrían estar planes educacionales, por ejemplo, para quienes durante el estallido cursaban una beca y la perdieron producto de las vulneraciones sufridas; o programas de adaptación de vivienda para quienes perdieron la visión; pensiones de gracia; entre otras.

Dado lo sensible de los antecedentes que se podrían exponer en esos encuentros, se ha mencionado por parte de la organización que habrá personal capacitado para guiar las escuchas y reducir posibles revictimizaciones. Habrá psicólogos, sociólogos y también observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad que recién la semana pasada fue invitada formalmente a ser parte del programa.

A los encuentros participativos pueden asistir niños, niñas y adolescentes y mayores de 18 años que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido. Asimismo, se podrán sumar representantes legales de una persona que se encuentre con dificultad de desplazamiento para asistir o de un fallecido. Deberán inscribirse previamente en la página web www.derechoshumanos.gob.cl, donde se pide ingresar un formulario con los antecedentes.

Considerando que este espacio no actuará como una comisión de calificación de verdad, no se solicitarán relatos sobre las vejaciones vividas para legitimar las solicitudes realizadas. O sea, en esta etapa, no habría exclusiones y todas las personas que se consideren víctimas podrán participar.

Eso sí, es importante destacar en este sentido, que según se desprende de documentos entregados a los seremis de Justicia, se reconoce como víctima violación a los derechos humanos “a una persona o grupo de personas que han visto vulnerados sus derechos por parte de agentes o institucionalidad del Estado”.

Se especifica, asimismo, que dicho grupo “debe delimitarse muy claramente respecto de otro que pueden sentirse razonablemente afectado por sucesos que provocaron violaciones a los derechos humanos. Ejemplo: locatarios afectados por la protesta social no son víctimas de violaciones a los derechos humanos, y por tanto, la búsqueda por resolver los efectos negativos de los sucesos experimentados por ellos no debe mezclarse con un proceso de reparación en el marco de la justicia transicional”.

Considerando aquello, aún no hay un número total de víctimas que vayan a ser alcanzadas por este programa, lo que es otro aspecto que genera incertidumbre. Según las estimaciones internas que se han realizado, sólo en la Región Metropolitana serían alrededor de mil. De todas formas, los datos que se puedan obtener producto de los espacios de diálogo, como mencionan fuentes ligadas al proceso, se cruzarán con informes del Ministerio Público, del INDH y de otras instituciones que hayan levantado datos, para así, una vez constituida la anunciada Comisión Calificadora -para la cual aún no hay fecha de instalación- esta selle quienes serán los “beneficiados” por los acuerdos tomados. Recién ahí se conocerá el número total de personas que serán parte del proceso de reparación.

Por ahora, eso sí, se tienen como referencia insumos como el Mapa de Violaciones a los Derechos Humanos desarrollado por el INDH, donde se da cuenta de la existencia de 2.825 víctimas en todo el país por un total de 4.075 hechos. Entre las situaciones más denunciadas, en tanto, se enumeran: golpizas (1.615), disparos (1.334) y desnudamientos (302).

Una vez finalizados los ocho ciclos de diálogo, según se desprende de antecedentes entregados por la organización, se procederá a la toma de acuerdo por parte de los representantes de cada territorio en la Mesa. De acuerdo al itinerario inicialmente propuesto, esto ocurrirá hacia fines de noviembre y podría extenderse hasta mediados de enero. Así, pasarán a la etapa de redacción del informe final, periodo que podría durar dos meses más, para luego dar un espacio para la aprobación del mismo. De esta forma, se proyecta que podría tenerse un documento definitivo a finales de marzo o comienzos de abril de 2023.

Ese texto, tendrá que contener, de acuerdo con el compromiso del Ejecutivo, las formas en que las víctimas serán integralmente reparadas y deberá dar los lineamientos para fijar garantías de no repetición.