Este viernes el gobierno confirmó que recurrió a la Corte Suprema debido a la decisión del juez del Juzgado de Garantía de Arica, quien ordenó entregar el listado de testigos protegidos en el caso que investiga al denominado clan “Los Gallegos”, una célula en Chile de la organización criminal venezolana, Tren de Aragua.

Sin embargo, este sábado la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, cuestionó la solicitud del Ejecutivo ante el máximo tribunal busca que se evaluar la conducta del juez Héctor Barraza, quien tomó la decisión que luego fue revertida por la Corte de Apelaciones de Arica y cuestionada por el Ministerio Público y gobierno ante el riesgo que podría representar para los más de 50 testigos protegidos del caso.

La molestia de la asociación fue comunicada por su presidenta, la jueza Mariela Hernández, quien aseguró que como gremio “creemos que la decisión del gobierno de remitir a la Corte Suprema los antecedentes que disponen sobre la decisión del juez de garantía Héctor Barraza, que en opinión del gobierno constituyen hechos graves que pueden comprometer su conducta ministerial, es una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país”.

Lo anterior, según señaló Hernández porque lo que pretende hacer esa solicitud -a su juicio- es “atacar es una resolución judicial susceptible de ser recurrida como ocurrió en la especie”. A raíz de eso, agrega que “como asociación, no podemos calificar una decisión jurisdiccional, ni menos referirnos a las acciones del Ministerio Público”.

“Como se evidencia en este caso, como en otros, las partes han hecho uso de las herramientas que confiere la ley, por lo que estimamos que el ejercicio de la facultad establecida en la Constitución en este caso afecta notoriamente la independencia judicial”, concluyó la presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados.