Tren de Aragua: defensa accedió a sobres con nombres de los testigos protegidos en caso contra brazo operativo del grupo en Arica

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, valoró la decisión de la Corte de Apelaciones nortina que dio a lugar orden de no innovar y que evita entregar a las defensas la identidad de los testigos protegidos en la causa contra el clan Los Gallegos.

“Ahora lo que sigue en los próximos días es ver la tramitación ya concreta de ese recurso de protección para que la Corte se pronuncie de manera definitiva”, señaló el persecutor.

La Corte de Apelaciones de Arica declaró admisible el recurso de protección presentado por la Fiscalía Regional en contra de la resolución del Juzgado de Garantía de la ciudad que accedió a entregar a las defensas la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación contra el brazo operativo del Tren de Aragua.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pablo Zavala Fernández, José Delgado Ahumada y Reynaldo Oliva Lagos– acogió a tramitación la acción constitucional presentada por el ente persecutor en contra de la resolución dictada el 13 de septiembre por el juez Héctor Barraza y dio lugar a la orden de no innovar, por lo que no se entregará a las defensas la información solicitada hasta conocer el fondo de la solicitud.

Además, se solicitó un informe al juez.

“Atendida la relación de los hechos expuestos en el recurso y el acto que se impugna, pídase informe al Juez de Garantía don Héctor Barraza Aguilera, quien deberá evacuarlo en el plazo de cinco días corridos, adjuntando todos los antecedentes que digan relación con el mismo”, sostiene el fallo.

La decisión del magistrado significó que la Defensoría Penal Pública accediera a la documentación en que están registrados los nombres. El Ministerio Público espera que los sobres sean devueltos al tribunal o presentará acciones para que así sea.

“Respecto a antecedentes de que se han entregado algunos sobres o que se alcanzaron a retirar algunos sobres el día de ayer, esto es efectivo, están en poder de la Defensoría Penal Pública, la que debería hacer devolución de los mismos en las próximas horas esperamos que de manera voluntaria o de lo contrario tendríamos que recurrir para que de acuerdo a derecho estos sobres vuelvan al poder del tribunal donde deberían mantenerse custodiados”, señaló el fiscal Mario Carrera.

Los 56 testigos civiles de la causa fueron reubicados por su seguridad.

El fiscal planteó la necesidad de modificaciones legales que impidan que esta situación ocurra nuevamente.

“En relación a reformas legales en torno a las medidas de protección, tanto de víctimas, testigos, como también de operadores del Poder Judicial, evidentemente hay que hacer una reforma, urgen reformas. Esto no puede quedar al criterio de una persona en particular”, planteó.

El persecutor sostuvo que el país debe contar con “una estructura que responda a las necesidades de las investigaciones contra el crimen organizado”.

En esa línea, señaló que no era necesario innovar ya que en el derecho comparado hay experiencias como la de Italia y Colombia en que “se dan estas medidas de protección sin que tengan que estarse discutiendo y debatiendo audiencia a audiencia”.

A fines de junio, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica solicitó once penas de presidio perpetuo en una acusación presentada contra 44 miembros de la organización criminal. El ente persecutor acusa a dichos integrantes de diversos delitos violentos como homicidios, secuestros, tráfico de armas, de drogas y trata de personas, entre otros.

Por su parte, el defensor regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno, recalcó que la información respecto a los testigos sería utilizada “en el marco del ejercicio del derecho a defensa que tiene todo ciudadano”.

“En el contexto del recurso de protección presentado por el Ministerio Público en contra de la decisión del juez de garantía de dar acceso a la defensa a las identidades de testigos protegidos, resulta importante aclarar que la información ha sido entregada a defensores penales públicos - quienes ejercen una función pública - para su utilización en el marco del ejercicio del derecho a defensa que tiene todo ciudadano, y la misma será manejada de manera seria y responsable, resguardando -en todo momento- su confidencialidad como la obligación ética y legal que tiene todo interviniente en el proceso penal”, señaló.