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Crimen ocurrió en un terminal de buses clandestino en junio.

Esto, luego de que el 30 de octubre pasado, el Juzgado de Garantía de Arica desestimara la imputación de "violación de secreto" realizada contra cuatro abogados que solicitaron y accedieron a la identidad de 57 testigos reservados en el marco de una investigación de la Fiscalía en contra del clan de “Los Gallegos”, vinculado al grupo criminal internacional de origen venezolano.

Para Carlos González Vaca, alias “Estrella", el ente persecutor pide dos penas de presidio perpetuo calificado, una pena de reclusión perpetua y 125 años de presidio por los distintos delitos por los cuales se le acusa. Para todos los imputados las penas que se solicitan superan los 30 años de cárcel. Se les imputan delitos como secuestro, explotación sexual, tráfico de drogas y tráfico de migrantes.

El Juzgado de Garantía de Arica resolvió que los cuatro abogados de la Defensoría Penal Pública no tenían ningún tipo de responsabilidad en el haber recibido el nombre de los 57 testigos protegidos de la Fiscalía en la investigación en contra de la banda que tiene nexos con el Tren de Aragua.

La autoridad criticó la decisión del juez Patricio Álvarez, quien permitió las visitas en una primera instancia. También valoró la prisión preventiva para los 5 presuntos miembros de la CAM que incendiaron dos camiones en el Biobío.

La orden se incluye dentro de un recurso de hecho que interpuso Gendarmería y que busca revisar la “autorización del ingreso a ciudadanos de nacionalidad venezolana a visitar a los internos (...) solo exhibiendo su cédula de identidad extranjera sin validar".

Los reclusos mostraron su disconformidad con el régimen al que están sujetos y por la imposibilidad de que sus familiares ingresaran a visitarlos.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que “Gendarmería ha señalado y el gobierno comparte la doctrina de Gendarmería, que no pueden realizar visita de cárcel aquellas personas que no tengan regularizada su situación en el país, especialmente en recitos de máxima seguridad”.

El 4 de octubre pasado todos los internos del 1° piso de la cárcel de máxima seguridad iniciaron una serie de disturbios por la imposibilidad de recibir visitas. Se autolesionaron, generaron destrozos y algunos iniciaron una huelga de hambre. Por lo mismo, la alcaide del recinto dispuso una serie de sanciones disciplinarias. Sin embargo, tras una petición de los encausados por el homicidio del carabinero, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago les permitió que ingresen a la cárcel a visitarlos parientes con situación migratoria irregular.

Yomar José Delgado Palacios (29) fue detenido junto a otras 31 personas vinculadas a la organización criminal internacional.

"Lo sucedido es un incidente acotado, pero demuestra la severidad sobre la cual funcionan los recintos de alta seguridad del país", dijo el ministro de Justicia.

Trabajador, de nacionalidad peruana, señaló que el 31 de agosto recibió un amenazador mensaje firmado por "El Tren". Decidió no responder.

Tribunal dispuso que "se realice, por juez no inhabilitado, la audiencia de cautela de garantías solicitada por las defensas, debiendo citarse a todos los intervinientes". Fallo expone que en instancia en que cuestionado magistrado accedió a la solicitud de revelar identidades, se excluyó a fiscalía y al Ministerio del Interior.