El pasado 28 de julio, Keiko Fujimori, a sus 51 años se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar Perú. Uno de los anuncios más llamativos que hizo durante su discurso al Congreso fue el de involucrar a las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado. Se sumarán a la policía, y en particular subrayó el combate al delito de extorsión. “Haremos uso de todas las herramientas que nos provee la Constitución. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el control interno en estrecha coordinación con la policía nacional hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos”, prometió.

A poco más de dos semanas de asumir, la hija del fallecido presidente Alberto Fujimori ha reconocido que la tarea no será fácil. El lunes, la mandataria afirmó que su gobierno necesita tiempo para enfrentar la ola de criminalidad que azota el país y pidió paciencia a la ciudadanía, al sostener que no es posible obtener resultados en 15 días de gestión.

“Sabemos, sobre todo, que lo que tenemos que recuperar es el orden. Y tenemos que volver a vivir en paz y sin miedo”, declaró durante un acto oficial por el Día del Bodeguero.

Agregó que su gestión, que apenas lleva dos semanas desde que fue investida, está enfocada en fortalecer a la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas, además de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

“Hoy lo que ustedes van a ver es un gobierno absolutamente firme, que lo primero que está haciendo es motivando y levantándole la moral a las instituciones que están en primera fila, a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

“No podemos dar resultados en 15 días, por favor. Les pido paciencia, pero sobre todo les pido que confíen en este gobierno, porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”, avanzó, sin ofrecer plazos ni metas concretas para reducir la violencia.

Pero el desembarco de Fujimori en la Casa de Pizarro no ha estado de agitación en las calles. El alza de los combustibles abrió, apenas 13 días después del inicio de su gobierno, un frente de protestas de transportistas y organizaciones de cuatro regiones contra el alza del diésel, el incremento de pasajes y el impacto en el costo de vida.

Desde el lunes, transportistas y organizaciones sociales de Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna protagonizan paros, movilizaciones y bloqueos contra el incremento del diésel y la gasolina, debido al impacto que tiene en sus costos de operación y en las tarifas del transporte.

Según detalla el diario limeño La República, los principales focos se encuentran en Ucayali e Iquitos. En Pucallpa, se cumplió el tercer día de huelga indefinida que afecta carreteras, vías urbanas, transporte fluvial y el abastecimiento de combustible. En Loreto hubo bloqueos y movilizaciones, mientras que en Arequipa el transporte volvió a circular, pero gremios advierten que el paro no ha sido levantado.

El conflicto también alcanzó Bagua, donde comunidades awajún de Wawas, en Imaza, bloquearon el IV Eje Vial para exigir la reactivación de obras educativas paralizadas y la construcción de un puente peatonal destruido hace más de un año.

En Tacna, la Federación de Transporte convocó un paro de 48 horas los días 10 y 11 de agosto, con la paralización de unidades de transporte urbano e interurbano. Los gremios cuestionaron el precio del diésel, que llegó hasta 25,35 soles por galón (cerca de 7,5 dólares), y advirtieron que el incremento afecta directamente sus costos de operación. La medida tuvo impacto en el traslado de pasajeros y llevó a la Dirección Regional de Educación a suspender las clases presenciales durante ambos días en los colegios.

En Loreto, el impacto no se concentra únicamente en el transporte terrestre, sino también en una región cuya conectividad depende fuertemente de las vías fluviales. La Defensoría reportó el bloqueo de la carretera Nauta-Iquitos. Además, gremios de transporte de pasajeros, mototaxistas y operadores fluviales habían anunciado medidas de protesta adicionales contra el incremento de los combustibles, cuyo costo repercute en el traslado de personas.

Frente al avance de las protestas, el gobierno de Fujimori evalúa medidas para reducir el impacto del incremento de los combustibles, entre ellas la reactivación del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles y un subsidio temporal para la Amazonía, informa el diario Perú21.

En concreto, el gobierno anunció este viernes un subsidio de entre el 15% y 20% a la compra de diésel para los transportistas a nivel nacional. La medida será focalizada y temporal, con una duración de tres meses.

“El incremento del precio es producto del conflicto en el Medio Oriente y de los obstáculos para que el combustible sea distribuido globalmente. Como gobierno estamos en la obligación de tener respuestas cuando esas causas externas afectan la economía y la calidad de vida de nuestros compatriotas. Por eso se ha decidido actuar y lo haremos con responsabilidad y orden”, señaló Keiko Fujimori en conferencia de prensa.

En mayo se aprobó un subsidio temporal de 4 soles (1,18 dólares) por galón de diésel B5 y B20 para transportistas de pasajeros y mercancías, precisamente para amortiguar el impacto del alza del combustible sobre pasajes y fletes. Pero la medida no evitó que el malestar escalara a las calles, y los paros muestran el límite de esa respuesta. Transportistas reclaman una solución frente al precio que pagan por operar, no solo una compensación temporal, apunta el diario La República.

El politólogo Andy Philipps indicó a ese medio que cualquier subsidio es una respuesta de corto plazo que no garantiza una reducción sostenida del precio del combustible. “Este subsidio no resuelve nada de fondo”, afirma. A su juicio, el gobierno mantiene “un enfoque más extractivista, cortoplacista” y podría dejar pasar nuevamente la oportunidad de reducir la dependencia de combustibles caros.

Cerca de 90 homicidios

Pero el precio de los combustibles o es único dolor de cabeza para el nuevo gobierno peruano. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), 83 personas fueron asesinadas en el país entre el 28 de julio y el 10 de agosto. El período coincide con las primeras semanas de gestión de Keiko Fujimori al frente del Ejecutivo.

Solo entre el 11 y el 13 de agosto, La República reportó al menos siete crímenes distintos. Hubo un policía asesinado en una carretera de La Libertad, un hombre perseguido a tiros por las calles del Rímac y un cadáver hallado en una trocha de Chiclayo, entre otros casos. “La violencia no da tregua ni siquiera de un día para otro”, destaca el periódico.

“Keiko Fujimori reconoció la gravedad del problema en un evento público esta semana. Pidió paciencia y aseguró que su gobierno trabaja en una estrategia, sin precisar en qué consiste. Esa respuesta llega mientras las cifras oficiales muestran que agosto acumula, en apenas 10 días, un porcentaje de muertes por arma de fuego más alto que meses completos anteriores”, reiteró el medio.

El Sinadef contabilizó 53 homicidios entre el 1 y el 10 de agosto. De ese total, 46 fueron cometidos con arma de fuego. Es la proporción más alta registrada en cualquier período similar del 2026 hasta el momento. El dato del período completo, del 28 de julio al 10 de agosto, sube a 83 homicidios, la cifra que corresponde a los primeros días de gobierno.

En julio, el mes previo a la instalación del nuevo gobierno, se registraron 166 homicidios, de los cuales 111 fueron con arma de fuego: 66,9% del total. Los primeros 10 días de agosto ya superan ese porcentaje por casi 20 puntos.

En medio de este escenario, el general de la PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), cuestionó la actuación de otras instancias del sistema de justicia frente a la criminalidad, preguntando por la efectividad de las detenciones preliminares. Asimismo, criticó la liberación de presuntos delincuentes capturados por la Policía Nacional.

“Hay una entidad muy respetuosa, constitucional, que dice que hay atentados. ¿Y dónde están las detenciones preliminares que le pedimos? ¿Dónde están las liberaciones? El compromiso lo tenemos. La firmeza la tenemos y vamos a asumir la responsabilidad si es que no estamos a la altura de las circunstancias”, señaló en conferencia de prensa.

Asimismo, Víctor Revoredo defendió el trabajo de la Policía frente a los ataques contra empresas de transporte y destacó que durante 19 días no se registraron nuevos atentados.

“No hay paciencia que valga”

Desde la prensa local, también se han hecho eco de la situación de seguridad. En una columna de opinión publicada en el diario El Comercio, la periodista Diana Seminario escribió que “Keiko Fujimori debe ser consciente de que, sin resultados en seguridad ciudadana, al menos en el mediano plazo, no hay paciencia que valga”.

A favor de la mandataria, Seminario destaca que han pasado 16 días desde que la presidenta Keiko Fujimori asumió el mando y la aprobación de su desempeño en una primera medición de Datum Internacional para El Comercio la ubica en un 60%, cifra promedio de la evaluación de anteriores presidentes elegidos en las urnas. El único de este grupo que no tuvo un auspicioso inicio fue Pedro Castillo en el 2021.

“Pero cuidado porque, así como la aceptación genera esperanza, también las expectativas en la población crecen y, si no ven resultados en el cortísimo plazo, esta primera imagen favorable puede desvanecerse”, advierte la columnista.

“Lamentablemente, han sido años de desgobierno y desidia que han generado que la población exija resultados inmediatos. La presidenta, seguro animada por las cifras que aprueban sus primeros días de gestión, pide confianza y, por lo que dicen las encuestas, la tiene, pero también debe ser consciente de que, sin resultados en seguridad ciudadana, al menos en el mediano plazo, no hay paciencia que valga”, reiteró.