Pese a que la reforma constitucional en seguridad que prepara el gobierno aún no ingresa al Congreso, en las últimas horas entre los senadores del oficialismo no ha dejado de crecer la tensión por el borrador del proyecto.

El texto -que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y aún se encuentra en revisión- fue dado a conocer esta semana por La Tercera y al menos, hasta este martes, constaba de 15 páginas. En él, no solo de se entrega la justificación de La Moneda para reformar la Carta Magna, sino que también se detallan modificaciones que van más allá de los ajustes al régimen penitenciario.

Entre ellas, por ejemplo, se propone facultar al legislador para establecer, mediante una ley orgánica constitucional, penas y medidas especiales respecto de personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

Ahí, uno de los puntos que empezó a generar reparos tanto en la oposición como en el oficialismo se dio en materia de salud y establece que quienes sean condenados por esos delitos, durante el cumplimiento de su condena y por los 15 años posteriores, quedarán “inhabilitados para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales” vinculada a los derechos establecidos en los números 9°, 10°, 16° y 18° del artículo 19 de la Constitución como a la protección de la salud, a la educación, a la libertad de trabajo y a la seguridad social.

La propuesta generó rápidamente ruido en el sector e incluso enfrentó a dos ministros de José Antonio Kast. Durante el jueves, la ministra de Salud, May Chomali, tomó distancia del borrador. “Podría generar incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos, como la ley de urgencias”, planteó en CNN Chile.

“La ministra Chomali desconoce el proyecto constitucional; es un proyecto que todavía no ha sido público. Así que yo creo que está opinando de una cosa que quizás no está tan al tanto”, le respondió este viernes en la mañana el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en entrevista con radio Infinita.

Luego, en un punto de prensa, Arrau agregó: “He hablado con la ministra de Salud. Ella no ha estado al tanto de todos los borradores que han habido de la reforma constitucional. Lo que se ha filtrado en la prensa es algo muy antiguo”.

En paralelo, el tema desató un fuerte intercambio entre los senadores Matías Walker (independiente de la bancada de Evópoli) -uno de los votos clave para el gobierno- y Arturo Squella (Partido Republicano).

En conversación con CNN Chile, Walker cuestionó parte del contenido del borrador de la reforma y aseguró que “es demencial lo que se está proponiendo (...). El país se dio cuenta, después de dos procesos constitucionales fallidos, de que no es reformando la Constitución como vamos a lograr perseguir al crimen organizado”.

El timonel de los republicanos no dudó en responderle a través de su cuenta de X “Aparecerán temores en algunos que tratarán de frenar los cambios que necesitamos para ganarle al crimen organizado (...). No es tiempo para los buenismos que nos tienen en la condición en la estamos hoy”, apuntó.

“La operación Cancerbero hoy demostró que no se precisa cambiar la Constitución para perseguir y aislar al crimen organizado”, le contestó Walker en la misma red social.

El episodio -reconocen en el oficialismo- es reflejo de la división que ha generado en el sector la reforma constitucional de La Moneda. Por un lado, parlamentarios como Andrés Longton (RN), Javier Macaya (UDI), Guillermo Ramírez (UDI), entre otros, han insistido en que se deben corregir aspectos del borrador y levantar una reforma acotada, mientras que los representantes del Partido Republicano han defendido la propuesta que está preparando La Moneda.

De hecho, tras el intercambio entre Walker y Squella, varios republicanos salieron a criticar los dichos del senador independiente.

“Senador Matías Walker, se quedó pegado en los noventa. Lo único innecesario es que el Estado siga planteando las mismas medidas que ya no dan el ancho ante un nivel de organización y sofisticación criminal que nunca antes vimos. La modificación constitucional es vital para darle un marco mucho más robusto a la nueva batería legislativa contra el crimen organizado y el terrorismo”, dijo la diputada Stephanie Jéldrez.

“Esto no es un proceso constituyente, senador. Elevemos el debate. En Chile hemos aprobado 72 reformas constitucionales con más de 300 modificaciones desde 1989. Varias votadas a favor por usted, estoy seguro. Esta es una reforma va a ordenar y uniformar criterios en seguridad”, apuntó, por su parte, el diputado Luis Fernando Sánchez.

Walker volvió a defender su punto. “No solamente a mí me preocupó el borrador difundido, sino que a muchos constitucionalistas, gente de centroderecha que participó de alguna manera en los últimos proceso. El problema es que republicanos cree que siempre va a ser gobierno”, afirmó a La Tercera.

Y añadió: “Siempre cuando se hace una reforma constitucional, uno tiene que pensar en qué manos pueden caer las mayores facultades. El problema que ha ocurrido en otros países de América Latina es que el crimen organizado coopta el Estado y se sirve del Estado para violar los derechos de las personas honestas y trabajadoras”.

En esa línea, recalcó que “es un error del gobierno extremar el debate constitucional a este respecto. No se puede hacer política con la Constitución”.

En este contexto, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), llamó a bajar el tono del debate y esperar el texto final del gobierno. “Me extraña mucho el lenguaje de lo que dice el senador Walker, no es su estilo; uno puede tener una opinión favorable o negativa respecto de una propuesta de reforma, pero de ahí a llamar demencial la idea es extremo. Especialmente porque no se conoce el texto definitivo de la reforma y no me cabe duda que el gobierno considerará opiniones y aportes respetuosos, para evaluar y decidir sobre su contenido”.

Lo cierto es que algunos senadores coincidieron con el senador independiente.

“La reforma constitucional tiene que estar bien diseñada para que cumpla con su propósito y no distorsione un esquema constitucional que ha dado resultados y así no dar argumentos a quienes pretenden no avanzar ni un milímetro, entendiendo que se requieren mayorías amplias para modificarla (...). Primero hay que convencer a los propios y en ese sentido el trabajo prelegislativo es esencial para que esta cumpla con las expectativas de la ciudadanía”, dijo el senador Andrés Longton (RN), consultado por los dichos de Walker.

El senador Miguel Ángel Calisto, en tanto, si bien planteó que dentro del borrador “hay algunas medidas importantes como el rol que deben cumplir las fuerzas armadas coordinadas con las policías para resguardo público”, aseguró que “yo coincido con Matías respecto de los beneficios sociales. Cuando usted aplica una doble sanción a una persona privada de libertad eso no inhibe la reiteración de delitos, más bien todo lo contrario”.