La reforma constitucional en seguridad que prepara el gobierno aún no ingresa al Congreso. El texto, que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), continúa en revisión y ha sido socializado entre distintos actores del oficialismo y expertos constitucionalistas para afinar sus últimos detalles. El ingreso podría concretarse este viernes o, eventualmente, el lunes.

La Tercera accedió al borrador del mensaje presidencial, que al menos hasta este martes constaba de 15 páginas. El documento entrega, entre otras cosas, la justificación de La Moneda para optar por una reforma a la Carta Fundamental: frente a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que, a juicio del Ejecutivo, ha reducido el margen del legislador para impulsar políticas de seguridad, la respuesta -se argumenta- debe ser modificar la propia Constitución.

En el gobierno apuntan a que uno de los antecedentes que empujó esta iniciativa fue el reciente fallo del TC sobre el proyecto de Escuelas Protegidas.

Pero el borrador también abrió un flanco propio, particularmente en materia de salud.

Uno de los cambios que contempla establecer que “el deber del Estado de resguardar la seguridad pública” se ejerce para preservar el orden público y dar protección y seguridad a la población, la familia, las personas y sus bienes.

A partir de ahí, el texto propone facultar al legislador para establecer, mediante una ley orgánica constitucional, penas y medidas especiales respecto de personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

Entre otras disposiciones, se permitirían regímenes penitenciarios diferenciados, con restricciones a las comunicaciones, visitas, traslados y acceso a beneficios penitenciarios, cuando estas medidas sean necesarias para impedir que los condenados continúen realizando, dirigiendo o coordinando actividades ilícitas desde las cárceles.

El punto que ha comenzado a generar reparos, sin embargo, aparece en el inciso siguiente: el borrador establece que quienes sean condenados por esos delitos, durante el cumplimiento de su condena y por los 15 años posteriores, quedarán “inhabilitados para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales” vinculada a los derechos establecidos en los números 9°, 10°, 16° y 18° del artículo 19 de la Constitución.

Esos numerales corresponden, respectivamente, a los derechos a la protección de la salud, a la educación, a la libertad de trabajo y a la seguridad social.

En el caso de la salud, la amplitud de la redacción es uno de los puntos que concentra las dudas. El texto no establece una prestación específica que pueda ser restringida, sino que habla de “cualquier prestación financiada con recursos estatales” vinculada con ese derecho.

El alcance práctico, por ahora, no está definido. Conocedores del tema puntualizan que es una eventual ley tendría que precisar qué prestaciones quedarían comprendidas por la inhabilitación. Por lo mismo, la pregunta que se abre es si la disposición -a secas- alcanza prestaciones otorgadas a través de Fonasa, atenciones hospitalarias de urgencia o tratamientos con recursos públicos.

El borrador agrega que, si al momento de la condena la persona ya estuviera recibiendo alguna de esas prestaciones, “las perderán de pleno derecho”.

En Palacio el tema ha sido motivo de discusión interna, aunque varios advierten que Seguridad ha manejado con reserva el asunto.

El senador UDI Javier Macaya planteó que la discusión debe distinguir entre restringir beneficios estatales y la afectación de prestaciones esenciales.

“Esta es una propuesta que apunta a ser firmes frente a delitos graves, pero en el trámite legislativo hay aspectos que se pueden y se deben mejorar. Una cosa es restringir beneficios del Estado a quienes cometen delitos graves, y otra muy distinta es poner en riesgo el acceso a prestaciones esenciales como la salud. Eso hay que precisarlo y corregirlo durante la discusión”, afirmó.

En paralelo, el texto sigue siendo revisado dentro del sector.

La UDI designó a la diputada y abogada constitucionalista Constanza Hube para analizar la propuesta. En Palacio -aseguran- han consultado a abogados constitucionalistas como Jorge Barrera, quien fue secretario general del Partido Republicano y uno de los asesores de la colectividad durante el Consejo Constitucional. Hoy, alejado de dicho mundo y concentrado en el ejercicio de la profesión.

La revisión también tiene una dimensión jurídica que excede el debate estrictamente constitucional chileno.

Ruido con tratados internacionales

Entre otros expertos del sector, aparecen reparos sobre la compatibilidad de algunas de las disposiciones con tratados internacionales vigentes para Chile.

La principal preocupación no estaría tanto en la posibilidad de establecer un régimen penitenciario diferenciado o restringir determinados beneficios, sino en la regla que extiende por 15 años después del cumplimiento de la condena la inhabilitación para acceder a prestaciones estatales vinculadas con salud, educación, trabajo y seguridad social.

Uno de los instrumentos que se menciona en la discusión es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. El mismo tratado establece además la obligación de garantizar esos derechos sin discriminación.

El problema que identifican es que el borrador no establece una restricción acotada a una prestación relacionada con el delito cometido. Crea, en cambio, una categoría de personas -quienes hayan sido condenados por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico- que quedarían excluidas, por mandato constitucional, de prestaciones estatales vinculadas a cuatro derechos durante el cumplimiento de la pena y por 15 años adicionales.

A ello se suma una segunda discusión: la eventual regresividad de la medida. El texto preliminar dispone que quienes ya estén recibiendo alguna de esas prestaciones al momento de ser condenados “las perderán de pleno derecho”, lo que supone retirar beneficios que ya estaban siendo percibidos.

También aparecen en el análisis el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, particularmente su artículo 26, referido a la igualdad ante la ley y la no discriminación, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta última establece, en su artículo 5, que las penas privativas de libertad deben tener como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados. Desde esa perspectiva, algunos advierten que una disposición que, incluso después de cumplida la condena, dificulte el acceso a educación, salud, trabajo y protección social podría tensionar el objetivo de reinserción que contempla el sistema interamericano.

Por ahora, sin embargo, en La Moneda el texto sigue en etapa de revisión. La iniciativa todavía no ingresa al Congreso y, por lo mismo, tanto su redacción como el alcance de las disposiciones más controvertidas podrían cambiar.

De hecho, a diferencia de la megarreforma impulsada por el gobierno, Interior y la Segpres han tenido hasta ahora un papel secundario en la elaboración de esta propuesta. La redacción final continúa en proceso.

El presidente de Evópoli, senador Luciano Cruz-Coke, también tomó distancia de la posibilidad de anticipar un respaldo cerrado al texto.

“La agenda seguridad es imprescindible y el esfuerzo del gobierno en materias de gestión está bien orientado. Como país ya aprendimos que no todo se resuelve con reformas constitucionales de carácter más bien abstracto, sino con acción práctica focalizada. Tratándose de un borrador, por ende, prefiero esperar las indicaciones finales para ver si es realmente imprescindible meterle mano a la Constitución”, señaló.