A primera hora del lunes, el Presidente José Antonio Kast firmó la reforma constitucional en seguridad, parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Y si bien existía la expectativa de que ingresara inmediatamente, su ingreso se habría postergado para el jueves o incluso, derechamente para la otra semana.

La razón es que todavía quedan asuntos por resolver. Conocedores del proceso señalan que existen pugnas internas respecto del alcance que debería tener la iniciativa.

Parte del debate interno que se ha dado en la derecha es sobre la conveniencia y la profundidad de las modificaciones a la Carta Fundamental. El texto preliminar fue trabajado principalmente por el equipo del ministro de Seguridad, Martín Arrau, sus asesores legislativos, el senador Squella y un selecto grupo de entre cuatro y cinco abogados constitucionalistas que sirvieron de apoyo técnico en la redacción del borrador.

Así, y a diferencia de la megarreforma, tanto Interior como Segpres han tenido un papel secundario en su elaboración, incluso desconociendo si algunos aspectos -como la pérdida de beneficios sociales a quienes cumplen penas por delitos vinculados con el crimen organizado, terrorismo y narcotráfico- estarán en la redacción final, aún en proceso.

En todo caso, ese aspecto fue confirmado por el Mandatario: “La reforma es integral (...). Evidentemente se puede discutir, y se va a discutir, si es que un asesino en serie tiene un beneficio del Estado, si corresponde o no que lo siga recibiendo”.

Sin embargo, es precisamente sobre el alcance de esas modificaciones donde persisten parte de las diferencias. Algunos de esos debates incluyen, por ejemplo, la utilidad práctica de reformar el artículo primero. Otros apuntan a si es necesario dar un camino más profundo en términos ideológicos, en función de aspectos del actual artículo 19, o aspectos vinculados a igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria.

Las dudas y el ruido generado en el gobierno también llega a cosas más prácticas, como por ejemplo, si el nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública tendrá o no un jefe de la defensa nacional. Esos reparos paulatinamente han ido generando voces en la derecha en quienes creen que el cambio constitucional no es necesario.

Uno de los primeros en hacer ver sus diferencias fue el senador Andrés Longton (RN), integrante de la Comisión de Seguridad, quien en entrevista con Desde la Redacción, de La Tercera, aseguró que no ve razones para modificar la Constitución. “Hoy día por lo menos lo veo como algo más simbólico”, planteó. El parlamentario también manifestó sus dudas respecto del nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

Si bien la mayoría de las voces están centradas en los parlamentarios del oficialismo, de a poco el debate también ha alcanzado a los abogados constitucionalistas del sector.

Por ejemplo este martes, en Radio Duna, el investigador del CEP y excomisionado Sebastián Soto fue consultado por el tema.

Lo primero que dijo el exvidepresidente de la Comisión Experta del segundo proceso constituyente es que está esperando leer el texto del mensaje. Pese a eso, manifestó dudas sobre el camino constitucional elegido por el Ejecutivo. “Nosotros ya aprendimos que creer que todos los problemas se resuelven con reformas constitucionales es un error. Las reformas constitucionales no tienen fuerza suficiente para hacer cambios reales”, dijo Soto.

El experto en derecho constitucional comentó que algunos de los cambios anunciados parecen ser solo retóricos, pero que a priori no visualiza “que no logren mover la aguja en aquello que de verdad se necesita”.

Luego agregó: “Si la discusión política de los próximos meses se invierte en entender qué es seguridad nacional, versus seguridad pública, es una discusión abstracta, retórica, que no tiene mucha incidencia en cambios reales”.

La UDI, en particular, ha seguido con especial atención la reforma y mantiene reparos respecto de hasta dónde debería llegar el Ejecutivo con los cambios a la Constitución.

En la colectividad existe preocupación por que se incorporen modificaciones que, a su juicio, no sean estrictamente necesarias para sacar adelante la agenda de seguridad. Por lo mismo, designaron como interlocutora con el gobierno a la diputada, exconvencional del primer proceso y abogada constitucionalista Constanza Hube, para que revise el contenido de las reformas y busque acotar los cambios a lo mínimo.

El timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, señaló que “para poder hacer cambios -por ejemplo- en la ley que rige a Gendarmería, para poder tener regímenes cerrados, incomunicados, para personas que pertenecen al crimen organizado, es necesario hacer reformas constitucionales. Nosotros lo que le hemos pedido al gobierno es que estas reformas sean las justas y necesarias porque nos parece que alterar la Constitución se debe hacer solo bajo justificaciones muy estrictas (...). Ahí donde veamos espacio de mejora por supuesto que lo vamos a proponer donde corresponda y vamos a colaborar en la redacción de las mismas normas”.

Así, hay un par de conversaciones pendientes aún que está llevando adelante el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien durante este martes está desplegado en el Congreso.

No pocos parlamentarios del sector han manifestado que tienen dudas y opiniones respecto de la reforma. Por lo mismo, el jefe de la cartera está sosteniendo una última ronda de conversaciones para saber cuáles son las dudas concretas y qué aspectos del texto generan reparos antes de que el proyecto ingrese formalmente al Parlamento.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), sostuvo que “a lo mejor la reforma constitucional habría que reevaluarla en la forma anunciada y considerar una opción que hicimos ver hace un par de meses, en la que establecemos un régimen de cooperación de las fuerzas armadas por un periodo transitorio de un par de años”.

En la UDI, además de los reparos a la amplitud de la modificación, la lectura es que, dada la realidad de los equilibrios políticos en ambas cámaras del Congreso y por el alto número de votos que se necesitan para aprobar la reforma, son conscientes en que deberán activar un diálogo con la oposición para consensuar algunos términos del contenido.

“Cuando nosotros tenemos una mayoría frágil, cuando nosotros necesitamos en el Senado 29 votos para poder aprobar esta agenda de seguridad, cuando necesitamos en la Cámara de Diputados por el quórum 88 votos, indudablemente que tenemos que llegar a acuerdos y conversar”, afirmó el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI).

El senador Matías Walker -uno de los votos “bisagras” en la Cámara Alta- aseveró que “más que reformas constitucionales, que son meramente declarativas y que no van a aportar nada nuevo, porque ya la Constitución garantiza a través del Estado la protección de la población, lo que necesitamos es avanzar en la agenda de seguridad, en proyectos que están pendientes hace mucho tiempo, como infraestructura crítica”.