El mensaje que firmó el Presidente José Antonio Kast esta mañana en La Moneda, que recién se dará cuenta en la sala del Senado en las próximas horas, trae una serie de modificaciones constitucionales para ajustar asuntos vinculados a la seguridad.

Hasta ahora la atención se ha puesto en la idea de crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, el registro de organizaciones criminales y el régimen especial para condenados. Sin embargo, quienes saben del contenido de dicho mensaje afirman que uno de los cambios más relevantes vendrá en lo que será, posiblemente, el nuevo artículo 9 bis de la Carta Fundamental.

Fuentes del oficialismo cuentan que dicho artículo formará parte del corazón de la reforma ya que habilitará asuntos que para el gobierno son fundamentales y que, con la Constitución vigente y los recientes fallos del Tribunal Constitucional (TC), sería imposible avanzar.

El asunto está vinculado con las inhabilidades y la pérdida de derechos o beneficios sociales.

Quienes han sabido del texto cuentan que la reforma habilitaría la exclusión de prestaciones financiadas con recursos estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Esto sería mientras dure la condena e incluirá un periodo de cinco años adicionales.

En esa misma línea el mensaje del Ejecutivo también incluiría una inhabilidad de 15 años para acceder a medidas alternativas como la libertad condicional y otros beneficios penitenciarios.

Esta parte de la reforma, fue confirmada por Kast durante la tarde. “La reforma es integral (...) Evidentemente se puede discutir, y se va a discutir, si es que un asesino en serie tiene un beneficio del Estado, si corresponde o no que lo siga recibiendo”, dijo el Jefe de Estado en conversación con TVN.

El texto del gobierno también se aseguró de dejar en claro que las diferencias de trato que puedan surgir, a propósito del eventual nuevo artículo 9 bis, no podrían ser consideradas como arbitrarias y que las restricciones que surjan de aquí no afecta “los derechos en su esencia”.

Entendidos en el asunto comentan que dichas modificaciones tienen como objetivo “reforzar la posición constitucional del legislador y de la administración” para establecer tratos diferentes, por ejemplo, en temas como los regímenes penitentarios especiales para las personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

Un asunto que estará por verse, una vez que el mensaje se haga público en la tramitación legislativa, es si la pérdida de beneficios sociales o las inhabilidades para los condenados afectará solo a quienes cumplen penas por delitos vinculados con el crimen organizado, terrorismo y narcotráfico o si acaso el gobierno optó por una fórmula más amplia en la que permita que el legislador pueda abarcar condenas por otros ilícitos.

Este elemento podría ser clave ya que por ejemplo cuando el gobierno quiso incorporar una inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria en el proyecto de Escuelas Protegidas, el TC lo declaró inconstitucional por una amplia mayoría de siete votos contra tres.

Según como venga redactado en el mensaje, y en caso de que este aspecto de la reforma prospere, el gobierno podría despejarle el camino a su otra idea polémica: el Registro de Vándalos.

Varios en el gobierno saben que dicho proyecto tiene serios problemas de constitucionalidad, que probablemente no pase ningún examen en el TC, por lo que las modificaciones de la reforma en seguridad podrían terminar favoreciendo este proyecto.