El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (Republicano), junto al senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, llevan varias semanas sondeando al interior del gobierno y también con parlamentarios del oficialismo las próximas ideas del Ejecutivo para avanzar en los temas de su agenda.

Arrau, según fuentes del oficialismo, puso en la mira a la Constitución. Por eso ha dedicado parte de su trabajo en pensar una ambiciosa reforma constitucional que ataque algunos de los problemas que ha identificado La Moneda y que impiden materializar sus promesas de campaña.

Parte de esa reforma, que se espera que ingrese como mensaje del Ejecutivo, modificará aspectos vinculados a los principios de la Constitución, pero también en temas de garantías e inhabilidades.

Todo partió porque el gobierno tomó nota del fallo del Tribunal Constitucional (TC) por Escuelas Protegidas. Así fue como marcó todas las barreras constitucionales que impidieron que el proyecto prosperara en plenitud, y su intención es reformar aquellos obstáculos para así despejar el camino para otros proyectos emblemáticos, como el Registro de Vándalos o la detención de migrantes hasta por seis meses.

Pero los planes de Arrau van un paso más allá. Fuentes del oficialismo cuentan que hace algunas semanas, en una reunión con senadores de Chile Vamos, el ingeniero republicano mostró sus cartas y comentó que estaba interesado en crear un nuevo estado de excepción constitucional.

La idea de Arrau -que también es impulsada por Squella- es agregar un quinto estado de excepción que se sume a los que ya están contemplados en la Constitución. El ministro quiere que haya una opción más disponible, que pueda abarcar la hipótesis de afección a la seguridad pública.

Según ha compartido Arrau, la idea es que este estado de excepción de seguridad sea focalizado en barrios específicos que estén pasando por fenómenos criminales que ameriten que las Fuerzas Armadas puedan sumarse a las policías en el control de la delincuencia.

La clave de la propuesta de Arrau es que el estado de excepción estará estrictamente circunscrito a ciertos lugares de manera acotada en el tiempo.

Entre los parlamentarios oficialistas la opción ha sido bien recibida ya que además la consideran “políticamente hábil”. Una alternativa de este tipo calmará la constante presión de alcaldes que en momentos críticos piden la presencia de militares en las calles para reforzar labores de orden público.

De hecho, ha sido la misma izquierda la que con el tiempo se ha sumado a esas voces. Así lo ha pedido reiteradamente el alcalde de San Bernardo, Cristopher White (PS); la timonel del PS, senadora Paulina Vodanovic; y en el pasado también lo ha hecho el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA).

La insistencia en el punto, hace algunas semanas, hizo que el Presidente José Antonio Kast cerrara la puerta a una idea como esa. “No quiero arriesgar a jóvenes que salen con armamento de guerra a resguardar a la ciudadanía, porque después pueden quedar abandonados”, dijo a finales de junio.

El debate no es nuevo y también acechó en más de una oportunidad el gobierno del expresidente Gabriel Boric. El camino para que las Fuerzas Armadas colaboren en el control del orden pública es cada vez más deseado ya que los resultados obtenidos en la Macrozona Sur evidencian que los delitos y la violencia rural han ido, de forma sostenida, a la baja.

El problema es que las Fuerzas Armadas miran con recelo esta idea, sobre todo por la ausencia de formación y reglas claras para ejercer esta función. Es por eso que aún critican la tardanza para despachar del Congreso proyectos como infraestructura crítica o las reglas de uso de la fuerza.

La propuesta ya está sobre la mesa. De hecho, para analizarla se ha convocado al subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero. La idea es ver junto a Arrau y Squella los alcances de una reforma de este tipo, la técnica legislativa más adecuada para materializarla y revisar legislación comparada.

Para cumplir con ese objetivo, dicen las mismas fuentes, iniciarán una ronda de reuniones con parlamentarios, abogados y académicos expertos en la materia con el objetivo de darle sustento técnico a la propuesta.