El lunes pasado en el comité político ampliado en La Moneda el ministro de Seguridad, Martín Arrau, expuso el plan legislativo de su cartera para la “nueva etapa” del gobierno del Presidente José Antonio Kast tras la aprobación de la megarreforma.

Con ese proyecto casi resuelto, a la espera de que el Senado vote el mecanismo para compensar a las municipalidades que sufrirían una merma de ingresos por la rebaja de contribuciones, en La Moneda el foco ya está puesto en las iniciativas que impulsará durante los próximos meses de administración, donde la cartera liderada por Arrau asumirá un rol clave.

“Vamos saliendo de esta gran reforma económica, que estamos de salida. Hoy entraremos con varias cosas de índole de seguridad. Ya estamos en lo operativo y entraremos en lo legislativo prontamente”, dijo el secretario de Estado este martes en entrevista con T13 Radio.

En ese contexto, al comité político ampliado de la semana pasada -donde estuvieron los representantes de los partidos del oficialismo junto a los ministros del Interior, Segpres y Desarrollo Social-, Arrau adelantó parte del trabajo que están realizando en la cartera y llegó con una propuesta clara para avanzar con la agenda en el Congreso: una reforma que permita fortalecer a rango constitucional el sistema de seguridad pública.

La propuesta también fue abordada brevemente en la reunión que sostuvo el Mandatario el pasado jueves en la noche con los presidentes de partido, en donde se coincidió que, junto con reconstrucción y empleo, la agenda en seguridad debe ser la principal prioridad del gobierno.

En concreto, según explican quienes participaron de esos encuentros, la idea es levantar un proyecto que permita habilitar a través de la Constitución, distintas materias de seguridad que el gobierno apuesta a legislar y que, sin embargo, hoy podrían ser declaradas como inconstitucionales.

Según afirman en el gobierno, uno de los preceptos constitucionales que se están mirando es el que está en el inciso quinto del artículo 1 de la Constitución. Este señala que “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

El problema sobre ese inciso, agregan las mismas fuentes, es que ocupa el concepto de seguridad nacional, algo que la doctrina tradicionalmente asocia a guerra interna o externa y por lo tanto quedó desactualizado a las nuevas formas de criminalidad que son propias de la seguridad pública. Así, en el Ejecutivo consideran que dicho inciso queda “corto” para los problemas actuales de seguridad como el crimen organizado.

Por lo mismo, el objetivo es incluir una idea que sea “habilitante” y que entregue mayor soporte en materia de seguridad pública a nivel constitucional. Esto, con el objetivo de poder avanzar en iniciativas legales sin ser objetados por el Tribunal Constitucional (TC).

La iniciativa responde, en parte, al fallo del TC respecto al proyecto Escuelas Protegidas a fines de junio. En esa ocasión, luego de que parlamentarios de oposición impugnaran distintas disposiciones del proyecto, el organismo frustró los planes del gobierno al zanjar la inconstitucionalidad de medidas como la que buscaba inhabilitar la gratuidad y otras vinculadas a la revisión de mochilas en establecimientos educacionales.

La determinación fue un duro revés para La Moneda, donde temen que lo mismo pueda ocurrir con el Registro Único de Vándalos, donde también algunas normas buscan restringir el acceso a ciertos derechos sociales a quienes incurran en incivilidades. El proyecto ya ha recibido duros cuestionamientos por parte de abogados constitucionalistas.

Con eso en mente, el objetivo de La Moneda es evitar que las medidas que se van a tomar en materia legislativa sean objeto de cuestionamientos por parte del TC.

La reforma, según adelantó Arrau en la instancia, está siendo trabajada por el Ministerio de Seguridad en conjunto con la cartera de Justicia, liderada por el ministro Fernando Rabat, y ya ha sido visada por algunos expertos en Derecho Constitucional.

Arrau, este lunes señaló -en términos generales- que “hemos estado conversando internamente en el gobierno, también con algunos parlamentarios, sobre potenciales proyectos para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. Chile hoy día necesita un fortalecimiento de su institucionalidad, necesita un camino directo para atacar ese tipo de organizaciones o delitos, ambas cosas que las estamos enfrentando con un ordenamiento jurídico que era diseñado para otras cosas, pero el crimen en Chile cambió, hoy día es más organizado y más violento”.

Arrau luego añadió: “Necesitamos hacer reformas y por tanto hoy día estamos en ese trabajo previo y cuando estemos con el proyecto definitivo, si es que lo hay, daremos a conocer los detalles”.

El tema ha sido conversado entre Palacio y el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, quien deslizó la semana pasada algo en esa línea en el podcast Entender es todo.

“Va a entrar un proyecto mirando cuál es la manera de razonar o interpretar del TC. Tenemos luces a raíz de lo que pasó con Escuelas Protegidas”, señaló.

Además, agregó que la iniciativa “corresponde a una reforma constitucional que deje lo suficientemente claro que esa es la voluntad soberana, que es combatir la delincuencia y el crimen organizado de una manera distinta”.

Y remató: “En las próximas semanas eso nos va a ocupar en el Congreso”, agregando que dicha reforma implica combatir la delincuencia “en otro nivel”.

En paralelo desde el gobierno afirman que se está trabajando la legislación de otras iniciativas en seguridad. Parte de esa agenda, por ejemplo, fue la ceremonia del viernes pasado en la que el Mandatario firmó las indicaciones al proyecto de ley que moderniza el sistema de incentivos y fortalece la carrera funcionaria en Carabineros.

Al mismo tiempo, el propio Arrau ha adelantado que empezarán a avanzar con algunas iniciativas como la de responsabilidad penal adolescente, RUF, y otras en materia migratoria, combate contra el crimen organizado y también en materia de prevención.

“Por más que tengamos planes que estamos desarrollando en cárceles, en control fronterizo, en crimen organizado, en control policial, si no nos hacemos cargo como sociedad de este fenómeno, de la entrada a edad temprana de menores de edad en el circuito delictual (...). Tenemos que hacernos cargo y ahí efectivamente también tenemos un plan de trabajo para esa prevención temprana”, planteó en T13 Radio.

El tema de seguridad es una preocupación constante para La Moneda. Fue su principal activo de campaña, bajo el eslogan del “gobierno de emergencia”, y ha sido su principal flanco. Los cuestionamientos iniciales por una falta de un plan concreto y el fallido nombramiento de la exministra Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad, siguen pesando en el Ejecutivo.

Por lo mismo, quieren dar señales contundentes en la materia y que eso contribuya a aumentar el respaldo ciudadano.