Cansados de sentirse "abandonados por las autoridades" como víctimas de la violencia rural, el gremio de los contratistas forestales, que agrupa a pequeños empresarios y trabajadores que prestan servicios a las empresas forestales, decidió acudir a la vía judicial y presentó un recurso de protección, ante la Corte de Apelaciones de Temuco, en contra del intendente de La Araucanía, Jorge Atton, y de los gobernadores de la provincia de Cautín, Mauricio Ojeda, y de Malleco, Víctor Manoli.
El escrito, presentado por el abogado Robinson Garrido, denuncia la vulneración de derechos constitucionales, del Artículo 19 de la Carta Fundamental, referidos a la carencia de seguridad.
"Amerita que después de cinco años, hagamos esta presentación, para interpelar a las autoridades, para que le expliquen a la Corte de Apelaciones si se están aplicando todas las medidas para solucionar la violencia rural", señaló René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, respecto del recurso de protección.
El dirigente gremial dijo que "no hay detenidos, procesados ni condenados. En la región son 65 los atentados, querremos preguntarle a los jueces de la Corte de Apelaciones si el gobierno está haciendo los esfuerzos para contener esta situación".
Atton salió al paso del recurso destacando que, "como autoridades y gobierno, hemos ejercido todas las acciones legales de tal manera que hemos presentado las querellas en todos los casos. Tenemos mesas de coordinación de trabajo, donde nosotros mismos hemos invitado a la Asociación de Contratistas Forestales; hemos estado apoyando a todas las personas que han sido víctimas, con una excepción tributaria".
La autoridad regional subrayó que "estamos absolutamente tranquilos de que estamos ejerciendo todas las acciones legales y jurídicas, para restaurar el Estado de derecho y terminar con la violencia". Asimismo, indicó que "sí lo que puedo decir es que requerimos mayores herramientas. Las policías requieren más herramientas, por eso mismo hemos insistido en el llamado al Congreso, que apruebe la Ley Antiterrorista y le entreguemos herramientas adicionales a las policías, al Ministerio Público y a los tribunales, a efecto de que puedan investigar".