Esta semana la Presidenta de la República y el Ministro de Hacienda anunciaron el envío de un proyecto de ley para modernizar la legislación bancaria. La orientación general de la propuesta, que busca fortalecer nuestra industria financiera, es positiva, pero ciertamente hace más densa y onerosa la regulación de la banca. Por ello deberá ser analizada con detención por los legisladores para evitar incurrir en costos evitables.
En el proyecto se busca establecer paulatinamente requisitos de capital más elevados, y diferenciados según la calidad de los préstamos efectuados por los bancos, en línea con el acuerdo suscrito globalmente por los reguladores bancarios, que se ha denominado Basilea III. También se propone el paso desde una autoridad reguladora unipersonal de la banca, a una nueva estructura colegiada, en que la industria bancaria se incorpora como una de las áreas supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero. Esto es valioso, en la medida que una gestión integrada de la industria financiera permite, al tiempo que una visión unificada y consistente, un menor riesgo de error y de eventual arbitrariedad regulatoria. Esta modificación debería llevar a la revisión del actual financiamiento bancario para el funcionamiento de la Superintendencia de Bancos -que excede lo que utiliza esta institución- para establecer aportes de todas las entidades supervisadas, proporcionales al esfuerzo de supervisión que demandan.
El proyecto también considera nuevos mecanismos para lograr eficiencia en la resolución de los eventuales problemas que enfrente un partícipe de la industria, para acotar las dificultades a la entidad afectada, preservar la tranquilidad en la industria financiera, y asegurar la fluidez de los pagos en la economía. Con el mismo propósito se propone incrementar el valor de los depósitos bancarios con pago asegurado por el Estado.
Más allá de promover una banca fuerte -requisito para una economía pujante- el proyecto también acerca nuestras regulaciones a las que se promueven internacionalmente. Dado que la interconexión entre la banca nacional y la internacional supone altos grados de sintonía y confianza mutua, esta adaptación a la tendencia global es valorable, por su rol en solidificar esta relación.
Con todo, los legisladores deberán considerar -como ha ocurrido en otras latitudes al remozar regulaciones bancarias- que, junto al evidente beneficio de una industria financiera sólida, lo prudente es evitar siempre el peso regulatorio excesivo. La regulación onerosa se refleja en costos fijos, más economías de escala y mayor concentración. Puede que en la industria bancaria la competencia esté bien asegurada con pocos participantes, pero, aun así, los costos por regulaciones afectarán el precio final de los servicios financieros.
Un aspecto que debe ser motivo de especial escrutinio es la noción de entidades de relevancia sistémica, sujetas a requisitos especiales de capitalización. El trato discriminatorio, aun con buena intención, puede derivar en riesgo moral y beneficios arbitrarios, como puede resultar de la suerte de garantía estatal sobre la deuda bancaria de una institución que el regulador declare como de relevancia sistémica.