La justicia brasileña condenó este lunes  a 12 años de cárcel a un poderoso ex ministro de Lula da Silva por el escándalo de corrupción, que tienen en la mira tanto al ex mandatario  izquierdista como al presidente conservador Michel Temer.

Antonio Palocci, de 56 años, hombre fuerte de los gobiernos de Lula  (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), fue condenado por corrupción pasiva y  lavado "de más de 10 millones de dólares" en el caso Petrobras para financiar  campañas políticas.

Detenido desde septiembre pasado, fue hallado culpable de haber negociado  "sobornos entre el grupo Odebrecht y agentes del Partido de los Trabajadores  (PT, izquierda)", de acuerdo con la sentencia emitida en Curitiba (sur) por el  juez de primera instancia Sergio Moro, visto por millones de brasileños como un  ícono de la lucha contra la corrupción.

Palocci recibía el dinero a través del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, creado exclusivamente para distribuir sobornos que, según confesó uno de sus ex administradores, movió 3.370 millones de dólares en América Latina  entre 2006 y 2014.

Ministro de Hacienda de Lula entre 2003 y 2006 y jefe de la Casa Civil (una  suerte de jefatura de Gabinete) de Rousseff en 2011, era identificado en las  listas de Odebrecht con el apodo de "Italiano".

Según la denuncia presentada por la Fiscalía General, usó sus cargos para beneficiar al gigante de la construcción Odebrecht en "contratos y licitaciones  de Petrobras".

Lula vs Moro, en la corte y en los sondeos

Moro debe dictar próximamente sentencia contra Lula, acusado de haber recibido un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) de la constructora OAS, a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.

Lula, de 71 años, enfrenta en total cinco causas judiciales por corrupcción pasiva, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.

El ex mandatario niega todos los cargos y denuncia una "persecución" para bloquear su eventual candidatura en la presidencial de octubre de 2018.

Según un sondeo Datafolha publicado este lunes, Lula se impondría con  holgura en todas las hipótesis de primera vuelta, aunque en la segunda estaría  en un empate técnico en caso de confrontación con la líder ecologista Marina  Silva o... con el juez Moro, quien sin embargo siempre negó su intención de  lanzarse a la política.

El ex líder sindical sigue polarizando a la sociedad brasileña, pues es  también el dirigente que concita el índice más elevado de rechazo (46%).

Semana crucial para Temer

Temer, con una popularidad de apenas 7%, podría convertirse esta semana en el primer mandatario brasileño acusado formalmente de corrupción.

El fiscal general, Rodrigo Janot, debe presentar el martes a más tardar una o más denuncias contra el presidente dentro de su investigación por corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal.

Aunque todavía se desconoce la gravedad de su contenido, Temer deberá lidiar con su impacto judicial y con la amenaza de una erosión mayor de su base oficialista.

Desde que a mediados de mayo salió a la luz una grabación donde parece dar aval al pago de un soborno, el presidente conservador ha ido sorteando  obstáculos: superó un juicio en el tribunal electoral que podía haber anulado  su mandato y ha logrado contener la deserción de su principal socio de  gobierno, el PSDB.

Pero la Policía Federal concluyó el viernes la pericia de la famosa grabación y trascendió que el audio no estaba editado ni manipulado, como había denunciado el mandatario.

La Constitución establece que, cuando un presidente es denunciado, dos tercios de los diputados deben validar esa denuncia para que el Supremo Tribunal Federal (STF) lo pueda procesar.

Si eso ocurre, el jefe de Estado quedaría formalmente imputado y debería apartarse del cargo durante un máximo de 180 días, mientras la corte suprema trata el caso.

Sería la segunda crisis de poder en poco más de un año en Brasil ya que Temer, que era vicepresidente de la izquierdista Dilma Rousseff, asumió el cargo en mayo de 2016 tras el impeachment a la presidenta por manipulación de  las cuentas públicas.