Dos semanas después de haber sido multado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el uso de información privilegiada en transacciones de acciones de Blanco y Negro, el viernes pasado Gabriel Ruiz-Tagle se autodenunció ante el Ministerio Público.
En un documento enviado al fiscal Manuel Guerra, jefe de la zona Metropolitana Oriente, según fuentes ligadas al caso, el empresario buscó establecer dos grandes puntos: por un lado, reconoció que realizó transacciones estando en un período de bloqueo, pero, por otra parte, desestimó que haya buscado algún beneficio económico haciendo uso de información privilegiada, como lo estableció el regulador financiero.
En efecto, la CMF determinó que, gracias a las maniobras bursátiles, el expresidente de la concesionaria que administra el club de fútbol Colo-Colo obtuvo un beneficio de 12.550 UF ($354,5 millones). Sin embargo, como se acogió al mecanismo de colaboración del presunto infractor, el regulador redujo la multa desde 15.000 UF ($423 millones) a la mitad, por lo que quedó un saldo a favor de 5.050 UF ($142,6 millones).
Respecto al primer punto, Ruiz-Tagle indicó al fiscal Guerra que aceptó que todas las operaciones efectuadas por su sociedad Inversiones III Limitada en mayo de 2018 –mes en el que se daban a conocer los resultados del primer trimestre- no debieron haberse realizado, pues existía un período de bloqueo establecido por Blanco y Negro.
Añadió que, dado lo anterior, debió ordenar a las corredoras de bolsa con las que opera su sociedad que frenaran cualquier transacción con las acciones del equipo de fútbol.
En ese contexto, se excusó diciendo que infringió el período de bloqueo porque no sabía que Blanco y Negro tenía establecido aquello en su manual de manejo de información, ya que nunca fue informado. De todos modos, admitió que debió haber preguntado o haber buscado asesoría.
Desestima dolo
En la resolución mediante la que sancionó a Ruiz-Tagle, la CMF relató que las operaciones cuestionadas fueron efectuadas por su sociedad de inversiones un día después de conocer los estados financieros del primer trimestre de 2018, los que revelaban una caída de las ganancias de un 95% en relación a igual lapso de 2017, y un día antes de que esta información fuera dada a conocer al regulador y al mercado en general.
De esa forma, acusó el regulador, el ex ministro del Deporte durante el primer gobierno de Piñera vendió más de cuatro millones de acciones con el fin de evitar una caída en el precio de la acción y, por ende, una pérdida patrimonial.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, de acuerdo a la fuentes, Ruiz-Tagle pidió al fiscal Guerra desechar la imputación dolosa de uso de información privilegiada, ya que, a su juicio, está basada en premisas equivocadas y datos incorrectos. Dicha figura corresponde a una infracción al artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores y podría constituir delito.
Según relató al persecutor, los resultados de la compañía no eran negativos. Por el contrario, luego de tres trimestres consecutivos de pérdidas por un total superior a $3.000 millones, en el primer trimestre de 2018 la firma reportó utilidades por cerca de $16 millones, lo que mostraba un cambio de tendencia que se consolidó al cierre de 2018, con ganancias por más de $4.000 millones.
Más allá de eso, explicó que los resultados financieros nunca han sido factores relevantes para el movimiento del precio de la acción, pues éste se relaciona más a resultados deportivos u otras razones.
Además, indicó que al día siguiente de que se informaron públicamente los resultados, el título de Colo-Colo no experimentó ningún cambio en el precio de cierre y que durante esa jornada se realizaron solo dos operaciones de muy bajo volumen, por lo que no pueden ser consideradas para determinar el precio, de acuerdo a la normativa de la Bolsa de Santiago.
En simple, según su versión, las operaciones no buscaron evitar una pérdida patrimonial o generar un beneficio económico.
En paralelo, tras dar a conocer la sanción contra Ruiz-Tagle, el 12 de noviembre pasado, a los días siguientes la CMF envió los antecedentes al Ministerio Público. Según fuentes que saben del proceso, la Fiscalía Nacional derivó el caso a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, que se hará cargo de la investigación. Por ello, probablemente, la autodenuncia del empresario se incluirá dentro de la carpeta que abra esta área.