Si una persona es condenada por conducta terrorista, con la propuesta señalada se podría volver inconstitucional toda agrupación a la que esta persona pertenezca. Así de amplio. Si el terrorista es socio de Colo-Colo o del club de rodeo de Palena, estas agrupaciones corren el riesgo de ser inconstitucionales. Populista y absurdo.
La Superintendencia de Pensiones ha cursado multas millonarias a AFP Modelo por servicios deficientes, a AFP Habitat por excederse de su giro enviando opiniones políticas improcedentes a sus afiliados, y a AFP Capital por deficiencias en la gestión de devoluciones de impuestos. La Superintendencia de Salud cursó multas a todas las Isapres por irregularidades en cobertura GES a medicamentos. Con la propuesta, el rol de control y fiscalización que ejerce hoy el Estado a través de las distintas Superintendencias quedará severamente mermado. El miedo al Estado le reduce su atribución de vigilar e intervenir en actividades económicas, sociales y ambientales a su mínima expresión.
Con la propuesta que se ofrece, el sostenedor de una escuela podría mandatar expulsar a un estudiante hijo de padres separados o un estudiante homosexual, por el solo hecho de declarar que esto va contra el “ideario” de la escuela. El alcance de la libertad de enseñanza del art. 16 número 24 nos hará retroceder décadas en términos de discriminación e inclusión.
Las cajetillas de cigarros deben incluir advertencias sobre el riesgo del consumo, aunque esto perjudique el negocio y signifique perder plata. La propuesta constitucional en su artículo 16 número 32 crea un deber del Estado: compensar cargas desproporcionadas que afecten a las empresas. Con esta propuesta, las tabacaleras hubieran alegado haciendo imposible implementar la ley o haciéndolo posible solo previo pago de la “plata perdida” a la industria. Los estudios jurídicos más prestigiosos desarrollarían estrategias sofisticadas para defender a las grandes corporaciones -que puedan pagar sus honorarios- de cualquier regulación que pudiera afectarles el negocio: aun cuando sea por una causa sanitaria, ambiental, o de sentido común.
La propuesta de Constitución habilita la posibilidad de acusación constitucional del Parlamento contra jueces que fallen en “políticas públicas”. Los ministros de la Corte Suprema tendrán que pensar muy bien antes de aplicar el derecho en protección de personas, por ejemplo, frente a los conocidos abusos de las sanitarias, dado que una valoración política -y no jurídica- los podría hacer perder su trabajo.
Hoy, el 12,3% de las primeras viviendas paga contribuciones. El resto está exenta por ser propiedad de adultos mayores de bajos ingresos o viviendas de menor avalúo. En suma, esta plata recaudada viene principalmente de las comunas de mayores ingresos y un 60% de él se inyecta en el fondo común municipal permitiendo redistribuir. La propuesta constitucional es regresiva y desfinanciará a municipios pobres.
De más está mencionar hechos más conocidos como el riesgo de retroceder en la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la libertad de los asesinos y torturadores presos en Punta Peuco, objeción de conciencia institucional amplia, o la promesa populista e irreal de suponer que otros países recibirán extranjeros condenados en Chile para cumplir sus condenas en sus países de origen.
La propuesta en cuestión se basa en el miedo al Estado en su rol regulador y garante de derechos. Se busca jibarizar al máximo la capacidad de éste de regular la vida privada, mientras que se le hipertrofia un falso rol en seguridad y control migratorio, con normas fantasiosas e impracticables.
Por Gaspar Domínguez, médico y ex convencional constituyente
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