Chile atraviesa una crisis educativa sin precedentes. Un informe elaborado por el Centro de Estudios del Mineduc “alertó sobre el acrecentamiento de las brechas educativas tras el cierre de las escuelas y la transición a la educación a distancia, debido a la alta heterogeneidad de capacidades y recursos por parte de las familias y de las escuelas” (2020). Luego de finalizada la emergencia sanitaria, un estudio de la Facultad de Educación de la UDD respaldó esta proyección, indicando que las escuelas que permanecieron cerradas por más tiempo muestran mayores índices de inasistencia y peores resultados Simce.
Frente a esto, el Mineduc implementó la “Política de Reactivación Educativa Integral: Seamos más Comunidad”, con el propósito de enfrentar los desafíos que la pandemia provocó en las comunidades educativas.
No obstante, el diseño de toda política pública requiere de una correcta identificación del problema, basado en un robusto diagnóstico que permita entender realmente su magnitud, sus causas y consecuencias. Esto requiere necesariamente observar no solo los indicadores después de la pandemia, sino también antes de ella, para comprender su comportamiento e identificar aquellos factores que ya venían afectando al sistema escolar.
En este sentido, la asistencia a clases se vio fuertemente impactada por las constantes cuarentenas y por los periodos en que los colegios contaban con autorización para retornar a clases y no lo hicieron. Por ejemplo, en 2018 la inasistencia grave en promedio llegaba al 12%, en 2022 esta aumentó a 38%. Lo mismo sucede con la deserción escolar (tasa de desvinculación) que aumentó del 1,38% en el periodo 2018-2019 (que representa a 40.757 estudiantes) al 1,47% en el periodo 2021-2022 (que representa a 44.845 estudiantes) (Mineduc, 2023). Ambos indicadores estaban relativamente estables antes de la pandemia.
No obstante, no ocurre lo mismo si observamos los resultados de aprendizajes o los índices de violencia escolar. Por ejemplo, el promedio nacional en lectura de segundo medio bajó de 259 puntos en el año 2012 a 249 en 2018, es decir, en seis años hubo una baja sostenida de 10 puntos. Es decir, antes de la pandemia los resultados venían decreciendo de forma importante.
Por su parte, las denuncias por maltrato a párvulos y/o estudiantes pasó de 4.092 casos en 2014 a 7.271 en 2018, experimentando un aumento de 3.179 denuncias en tres años. Luego del retorno a clases en 2022, las denuncias por maltrato a estudiantes regresaron a su nivel prepandémico, alcanzando 7.565 denuncias. Por tanto, también se observa un alza sostenida antes de la emergencia sanitaria.
En este contexto, es pertinente analizar aquellos factores que estaban impactando en los resultados y en la violencia escolar antes de 2020. En efecto, algunas políticas educativas implementadas desde 2010 no estarían generando los resultados esperados y, por tanto, es momento de evaluarlas y reformularlas para reducir los 10 años proyectados por el ministro Cataldo para la recuperación educativa.
Es evidente que la pandemia ha exacerbado muchos de los problemas existentes en el sistema educativo chileno. Sin embargo, en lugar de buscar soluciones temporales, es imperativo abordar las raíces de estos problemas para garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes chilenos. La pandemia ha sido un catalizador, pero no la única causa de la crisis educativa de nuestro país. Es hora de mirar más allá y trabajar juntos para construir un sistema educativo con mayor calidad y equidad.
Por Mauricio Bravo, vicedecano Facultad de Educación, Universidad del Desarrollo
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