En las próximas semanas se irá dando término al segundo proceso constituyente de los últimos cuatro años. El primero, de tinte refundacional y bolivariano, fracasó, tras haber sido rechazado rotundamente por los votantes en el correspondiente plebiscito de salida. El actual, impecablemente democrático en su génesis y respetuoso de la tradición constitucional chilena, ha generado poco interés de parte de la población, quizás cansada de las interminables peleas político-partidistas asociadas a la labor de los constituyentes y a un sistema político en extremo fraccionado.
¿Es absolutamente necesaria una nueva Constitución? En estricto rigor no, pero sin la menor duda es altamente conveniente. El oficialismo ha deslegitimizado irresponsablemente la actual Constitución y es además deseable modernizar a aquella vigente, para adaptarla -entre otras cosas- al cambiado contexto mundial y local. Al fin y al cabo, la actual Constitución sufrió su última modificación importante bajo el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, hace ya casi 20 años.
Es más, si es que deseamos volver a crecer y satisfacer las demandas sociales de nuestra población, es condición absolutamente necesaria despejar la incertidumbre institucional existente, incluyendo por cierto la constitucional. En el contexto actual ello implica, casi por definición, cerrar ahora, en diciembre, el último tema.
¿Agrada el proyecto de nueva Constitución a toda la población? No, pero -si bien comunicado- debiera satisfacer a una importante mayoría de los votantes, dado que respeta estrictamente los 12 bordes acordados implícita o explícitamente por los dirigentes de todos los partidos políticos del país.
En efecto, en materia socioeconómica y contrariamente a lo sostenido por el oficialismo, bajo su alero es posible implementar -en democracia- una enorme variedad de modelos y, para qué decir, una infinidad de diferentes programas. En efecto, el proyecto de nueva Constitución permite emular a los modelos socioeconómicos adoptados por países como Australia, Nueva Zelanda, Portugal, Noruega o Chile, para citar solo a unos pocos. Simultáneamente y para todos los efectos prácticos, la propuesta de Carta Magna impediría que el país caiga en el chavismo y/o totalitarismo a la cubana o Corea del Norte.
Finalmente, la nueva Carta Magna propuesta por el Consejo Constitucional no solo es fiel a la tradición chilena sobre la materia, sino que recoge responsablemente un gran número de aspiraciones ciudadanas. Entre ellas cabe mencionar disposiciones en materia medioambiental, de género, de derechos sociales, de libertad de escoger, etc. Es más, la propuesta incluye varias disposiciones que en su conjunto se debieran traducir en una menor fragmentación política y, por ende, en una mejor gobernabilidad del país.
Por Rolf Lüders, economista
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