Columna de Victoria Espinoza y Camila Martínez: ¿Es la educación inclusiva el camino más justo?

La inclusión ha sido desde hace ya un par de décadas, la estrategia preferida para educar a niños y niñas con necesidades educativas especiales. Esto persigue un principio de justicia educacional, donde es el sistema el que debe adaptarse a las características de los niños y no al revés. De esta forma, en un sistema inclusivo los niños con y sin necesidades educativas especiales comparten espacios educativos comunes donde se promueve el desarrollo social y cognitivo de todos por igual. Esto permitiría crear comunidades diversas, donde lejos de ser una dificultad, las diferencias favorezcan a todos los estudiantes, generando un impacto positivo en su desarrollo.

Esto parece una buena idea, donde nadie es segregado y donde, además, todos se benefician del mismo sistema educacional. Más aún, si consideramos que lo que ocurre en los establecimientos educativos es, en la práctica, una micro sociedad. La inclusión educativa permitiría, entonces, la promoción de la inclusión social, acercándonos a una concepción de sociedad más justa para todos y todas.

Los beneficios de la educación inclusiva han sido apoyados por los resultados de diversos estudios. Existe evidencia que indica que tanto los estudiantes con necesidades educativas especiales como aquellos de desarrollo típico pertenecientes a sistemas educativos inclusivos presentan un mejor desempeño académico y un mayor desarrollo de las habilidades sociales.

Sin embargo, no existe un consenso global. Estudios locales han podido determinar que, a pesar de presentar mejor desarrollo cognitivo, los estudiantes ciegos integrados en escuelas regulares presentan importantes dificultades en el desarrollo socioemocional. Algo similar sucede con los estudiantes sordos, aunque en su caso las dificultades se presentan tanto en el área académica como emocional.

Y estas dificultades podrían afectar las trayectorias de desarrollo de los estudiantes con discapacidad. Los resultados del Estudio Nacional de la Discapacidad 2022 indican que las brechas existentes a nivel de escolaridad y ocupación siguen siendo importantes. Las personas con discapacidad presentan un menor promedio de años de escolaridad y un menor porcentaje de ocupación que las personas sin discapacidad.

En este sentido, ¿qué tanto se están beneficiando los estudiantes con discapacidad de la educación inclusiva? La inclusión ha sido definida como un “proceso orientado a garantizar el derecho a la educación de calidad a todos los y las estudiantes en igualdad de condiciones”, y es justo en esta definición donde radica la reflexión en torno a los beneficios de la inclusión ¿es el sistema educativo regular capaz de entregar educación de calidad para todos y todas? ¿Permite un desarrollo cognitivo y socioemocional adecuado para todos los y las estudiantes?

La inclusión educativa como garantía para la justicia educacional debe considerar necesariamente la calidad, no solo respecto de los resultados académicos, sino que también del desarrollo socioemocional de todos los y las estudiantes.

Efectivamente, la inclusión es un camino posible hacia la justicia educacional, pero ningún concepto o ideología debería aplicarse sin considerar las situaciones específicas de las personas a las que impacta. Si los estudiantes ciegos o sordos se benefician en mayor medida de la educación especial ¿no podrá ser este un mejor camino? Quizá al menos hasta que la inclusión educativa sea una realidad y no solo la incorporación de los estudiantes con necesidades educativas a las aulas regulares.

Por Victoria Espinoza, directora de investigación CEDETi UC, y Camila Martínez, investigadora Centro Justicia Educacional UC