Un camino equivocado para informar

Gobierno Informa

La decisión del gobierno de crear un programa informativo semanal y un flyer que emula la portada de un diario no solo genera dudas sobre su eficacia, sino que revela una peligrosa desconfianza de la autoridad en la labor de los medios.



El gobierno lanzó a mediados de marzo una nueva apuesta comunicacional que contempla un programa semanal que se transmite en forma digital, a través de la señal oficial y la cuenta de YouTube del gobierno y que se suma a un folleto digital informativo, que emulando un diario y titulado “Buenas noticias” busca, según las autoridades, dar a conocer las actividades del gobierno. El programa, titulado “Gobierno informa” se realiza semanalmente y aborda un área específica de la actividad gubernamental. En su debut estuvo a cargo de la ministra del Interior Carolina Tohá y los tres subsecretarios de la cartera y el jueves pasado fue el turno del área económica y contó con la presencia de la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, y de sus pares de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y de Economía, Nicolás Grau. Según la explicación oficial, el programa busca profundizar “en los avances de gobierno, las medidas concretas y el impacto de ellas en la ciudadanía”.

Más allá del derecho que tiene todo gobierno a dar a conocer sus progresos, la iniciativa genera dudas no sólo sobre su real eficacia sino sobre la pertinencia de que la autoridad destine recursos para desarrollar proyectos en áreas en las que carece de expertise y que recaen, en una democracia, en medios de comunicación independientes. No es la primera vez que el gobierno incursiona por ese camino. Lo hizo, por ejemplo, a comienzos del año pasado cuando la ministra vocera de gobierno realizó una serie de entrevistas a distintos secretarios de Estado e incluso al propio Presidente para que contaran las iniciativas que se estaban llevando adelante. Si bien esta vez se incluyó la participación de periodistas, el mismo formato del programa -que más parece una conferencia de prensa acotada- limita las posibilidades efectivas de contrastar la información entregada y está lejos de cumplir con los estándares periodísticos propios de un espacio de ese tipo.

En una democracia la función de informar a la ciudadanía en forma rigurosa, independiente e imparcial recae en los medios de comunicación no en las entidades de gobierno. Son estos los que están encargados de contrastar las versiones oficiales y fiscalizar al poder. Cuando el emisor de la información es parte interesada en la información que se entrega, la eventual veracidad de ésta será puesta en duda e instalará una legítima desconfianza en el receptor de esa información. Por ello, si el objetivo del gobierno es informar de mejor manera sobre la labor que está cumpliendo, la opción elegida es por lejos la menos efectiva. Transita por el límite que separa la propaganda de la información, al no dar espacio real al contraste de los datos entregados, eliminando la mediación que cumplen los medios y cuya labor es esencial para el buen funcionamiento de un sistema democrático. Existen varios ejemplos en la región sobre la ineficacia del camino elegido por el actual gobierno.

Pero además de no cumplir con el objetivo buscado por el Ejecutivo, la iniciativa da cuenta de un problema mayor, la desconfianza de las actuales autoridades con los medios de comunicación. El programa parte de una premisa peligrosa, que los medios no informan y que, por lo tanto, es la autoridad la que debe cumplir con esa labor. Ello no sólo es equivocado, sino que esconde una incomprensión sobre el rol que debe cumplir la prensa en un sistema democrático. Como dice el ex director de El País en una entrevista que publica hoy este diario, “los periodistas deben ser un obstáculo del poder” y el poder no sólo debe entenderlo sino darle las garantías para que cumpla esa función fiscalizadora. Insistir en instalar dudas sobre el trabajo de los periodistas es, además, peligroso, porque debilita a un actor central de la sociedad responsable de denunciar los abusos del poder y el eventual debilitamiento de las instituciones, cuyas consecuencias hemos visto dramáticamente en América Latina.

En toda democracia sana la prensa tiene la obligación de cuestionar al poder -cumpliendo con esa labor de forma rigurosa, imparcial y dentro del marco legal establecido- y el poder debe estar dispuesto a permitir que eso suceda y a recibir esa crítica, sin buscar mecanismos para sortearla.

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