Un catastro que no se puede postergar

Alrededor de 10 años han transcurrido desde el último catastro de infraestructura escolar realizado por el Ministerio de Educación, que fue motivado por el terremoto de 2010. En el año 2020, durante el gobierno anterior, se inició un proceso de licitación para llevar a cabo un nuevo catastro, en el que solo se alcanzó a iniciar un trabajo piloto preliminar, el cual abarcó 311 locales y cuyos resultados -que se encuentran en manos del actual Mineduc- revelan un deterioro promedio del 14,4% en infraestructura y que, al agrupar a los locales por rango de deterioro, se observa que un 74% de los establecimientos presentaron un nivel de deterioro de hasta el 25% de su infraestructura, por lo que es un problema que es urgente solucionar.

Es así como el actual ministro de Educación, y luego de que en 2022 se evidenciaran serios problemas de mantención en numerosos recintos educacionales tras el retorno a la presencialidad, anunció en el primer semestre de 2022 una actualización del catastro de infraestructura escolar y cuyas visitas comenzarían a desarrollarse durante el segundo semestre de ese año. No obstante, estas visitas no se han realizado, por lo que un proyecto necesario no ha presentado avances.

Cinco meses después del anuncio del ministro, la Contraloría tomó razón de las bases administrativas y técnicas del proyecto, y seis días después se hizo el llamado a licitación por un monto de $ 3.403.948.800 para catastrar 6.962 establecimientos públicos. Pero el 9 de noviembre llegó la primera ampliación de plazo de parte de la Dirección de Educación Pública para presentar ofertas. El 1 de diciembre llegó otra, y luego, el 30 de diciembre, se les comunicó a los proponentes que se decidió ampliar el plazo de apertura económica de las ofertas en tres semanas a contar del vencimiento del plazo original y, en consecuencia, de la adjudicación. Tras nuevas prórrogas, el plazo de esta última será el 6 de abril.

Actualmente, las proyecciones son mayores y se distancian en casi un año de la idea original del ministro Ávila. Hoy, el sistema educativo se encuentra con necesidades complejas. Por un lado, el aumento de movilizaciones estudiantiles en las que justamente se exigen mejoras en la infraestructura, y por el otro, aquellas consecuencias que dejó el cierre prolongado de los establecimientos durante la pandemia, lo que llevó a aumentos en la deserción, mayor ausentismo, pérdidas importantes de aprendizajes, aumentos de desigualdad y un empeoramiento de la salud mental de los escolares.

Es así como es necesario, hacerse cargo de las necesidades reales que tiene el sistema educativo, por lo que urge una actualización de la información con respecto a las condiciones actuales de los establecimientos, y que permitan generar entonces, políticas efectivas de infraestructura escolar. Y así, esperar que los establecimientos puedan cumplir con los estándares necesarios para tener un buen proceso de aprendizaje y poder revertir de alguna forma, las consecuencias que dejó la pandemia en estos.