Casos Factop y Primus ¿Es necesario aumentar la regulación al sector?

Acusaciones de estafa, administración desleal, operaciones suspendidas y corredoras multadas, forman parte de la cadena de hechos que en el último mes han protagoniza el mercado de capitales local, y que tienen de protagonistas a empresas de factoring.

Primus Capital interpuso acciones judiciales en contra dos de sus ex ejecutivos, Francisco Coeymans, exgerente general, e Ignacio Amenábar, exdirector comercial, en el marco de una serie de operaciones realizadas con cheques falsos, y que ha implicado que los controladores de la firma pongan $50 mil millones en capital.

En la otra vereda está Factop, factoring controlado por los hermanos Ariel y Daniel Sauer, así como por Rodrigo Topelberg. Éste último se querelló en contra de sus socios por administración desleal, entre otros delitos, a lo que se han sumado acciones civiles y penales de parte de Tanner, Concreces y Zurich. Además, el martes la CMF sancionó a la corredora de la Bolsa de Santiago STF Capital, los Sauer y el exgerente general Luis Flores, y el jueves suspendió las operaciones de Factop Corredora de la Bolsa de Productos. Para le grupo, se habla de pasivos por US$50 millones.

¿Con este telón de fondo, es necesario cambiar la regulación del sector? Joaquín Cortez, expresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, tiene más dudas que certezas al respecto.

“Los factoring están fuera de la regulación de la CMF, y solamente las filiales bancarias están por el lado de los bancos, y los emisores de valores por el lado del mercado de valores. Pero ahí la CMF no se preocupa de la solvencia, sino que de la transparencia hacia el mercado”, dice Cortez.

Sobre si es necesario ampliar el perímetro regulatorio, apunta que “todas aquellas industrias que comprometen la estabilidad financiera debieran estar bajo la supervisión de la CMF, pero no es el caso de Factop, según entiendo. No es un tema sistémico: lo que pasa también es que esto provoca conmoción porque puede afectar a muchos pequeños inversionistas, pero la cantidad de factoring que hay en el mercado es enorme, no tengo claro si es necesario ampliar la regulación al sector”.

Más tajante es Álvaro Clarke, exsuperintendente de Valores y Seguros. A su juicio, “tiene que existir justificación bien fundada para que el Estado tenga un rol en esta materia. Particularmente, en el caso del mercado de valores, la regulación y la función del Estado tienen su base en la protección de la fe pública y la conducta mercado. Por tanto, si no hay oferta pública de valores tampoco hay razón para que el Estado tenga una función especial y, por tanto, comprometer recursos públicos en tareas de fiscalización”.

Para Ricardo Schliebener, presidente de EFA, Empresas de Servicios Financieros AG, “lo que ha pasado en estos casos -Primus y Factop- es un problema puntual y tiene que ver con sus controles internos y gobierno corporativo, esto no es un problema que tenga la industria”.

En esa línea, sostiene que “no lo vemos como un problema de regulación que, si bien ayuda a entregar mayor seguridad al mercado, no soluciona los problemas ante delitos”, y agrega que “ es un producto financiero que está regulado en un ecosistema financiero y económico, por lo que sistémicamente está bien cubierto. Con todo, la Ley FinTech va a cubrir muchos espacios que uno cree que están quedando descubiertos, en particular con la incorporación de la tecnología en los negocios. Entonces finalmente por esa vía se está resolviendo una buena parte del tema de la regulación. Todo lo que hoy día existe debiera ser suficiente para regular esta industria”.