La columna de Soledad Hormazábal: “El interés particular por sobre el general”

Existen situaciones en las que el interés de grupos particulares de la sociedad se contrapone al interés general y, pese a que el beneficio se concentra en relativamente pocas personas y el costo lo soportan todos, muchas veces, se implementan políticas públicas de esta naturaleza.

A primera vista podría resultar contradictorio: si los formuladores de políticas públicas buscan obtener más votos, ¿Cómo podrían perjudicar a la mayoría y favorecer a una minoría? ¿Acaso esto no los haría obtener sólo los votos de los beneficiados perdiendo los del resto de los ciudadanos? Sin embargo, esto ocurre y mucho. La explicación más plausible es que un grupo particular tiene mayor probabilidad de organizarse políticamente para obtener un beneficio, ya que al ser un número de individuos reducido los costos de coordinación son considerablemente menores. Además, el incentivo a organizarse y presionar es alto, puesto que el beneficio recae sobre un número reducido de personas. Por el contrario, la probabilidad de que el resto de la sociedad se organice para oponerse es baja, no sólo por los altos costos de coordinación, sino que también porque la recompensa (evitar el costo de la política proteccionista) es menor al diluirse en el conjunto de la sociedad.

Esto ocurrió en Chile con el azúcar. Para proteger a los productores de remolacha se implementaron una serie de políticas proteccionistas, como la banda de precios que elevaba automáticamente los aranceles cuando el precio internacional caía bajo el piso de la banda. Esta medida permitió seguir produciendo remolacha, pese a que utilizar caña de azúcar era más barato. Así, los chilenos debían pagar un sobreprecio por el azúcar y por todos los productos que la utilizaban. Actualmente, la banda de precio no está operativa en la práctica y la producción de remolacha es bajísima.

Desgraciadamente, hoy nos estamos enfrentando a un dilema similar en el mercado del acero. Si bien existe una acusación de dumping –China estaría subsidiando su industria del acero— y la Comisión Antidistorsiones recomendó aplicar una sobretasa arancelaria transitoria, según la productora nacional, no sería suficiente para mantenerse en el mercado. Es decir, podría estar ocurriendo que, aun corrigiendo el efecto del dumping, el acero chino sería más competitivo que el chileno.

La empresa, sus trabajadores y proveedores piden que se tomen medidas que les permitan seguir operando, en particular, aplicar una sobretasa arancelaria mayor a la que se justificaría para corregir el dumping. Esto elevaría el precio del acero en Chile y, en consecuencia, el de las industrias que lo utilizan como insumo, como la construcción o la minería. Así, el costo lo pagarían todos los chilenos a través de, en este ejemplo, viviendas más caras y una industria minera menos competitiva. Además, nos exponemos al riesgo de que China ponga aranceles a otros productos chilenos en retribución.

La pérdida de puestos de trabajo es una tragedia y una situación que amerita la intervención del Estado, pero no a través de la imposición de distorsiones que perjudican al conjunto de la población. Se debieran implementar potentes políticas de reconversión laboral y capacitación, de manera que los trabajadores puedan reubicarse en actividades competitivas y, de ser necesario, subsidios temporales a las familias. Esperemos que prime el interés general por sobre el particular.

*La autora de la columna es parte del centro de estudios Horizontal