La Araucanía: llegar y llevar




Estamos en periodo de elecciones y todos tienen algo de qué hablar, como de costumbre de las propuestas para la Araucanía se hizo un circo y se convirtió en estrategia de izquierda repetir que nada es terrorismo y de la extrema derecha criminalizar. Beatriz Sánchez hace unas semanas prometía la Plurinacionalidad, pero para decepción de muchos en un programa de televisión no pudo ni explicar de que se trata la autonomía, en el otro extremo, el Diputado José Antonio Kast dejo entre ver sin ningún tapujo que tras la negativa a ser censada de la Comunidad Autónoma Temucuicui, podrían esconderse abusos de menores, en Santiago ocurrió exactamente lo mismo y ningún oportunista candidato dijo que las familias del conjunto habitacional Las Perdices de La Reina eran delincuentes, por el contrario, dijeron que se trataba de una protesta social.

El Conflicto en la Araucanía no es tan complejo ni difícil de resolver, la región no es Chiapas ni Bagdad, es un conflicto con dos aristas que nadie se atreve a resolver. Primero, está el asunto de las tierras. El gran hito de la política indígena australiana fue que reconocieron en el caso Mabo Nº 2 que los indígenas eran dueños de sus tierras desde antes que llegaran los europeos, ya no se trataba de entregar tierras como beneficio social, sino que restituir tierras porque el Estado había expropiado a los indígenas. Lo que los australianos recién reconocieron en 1992, Chile lo había reconocido en 1866, en la ley de 4 de diciembre que decía textualmente: "Fúndense poblaciones en los parajes del territorio de los indígenas… "debiendo adquirirse por el Estado los terrenos de propiedad particular", es decir, los mapuche eran dueños de sus tierras y si el Estado quería fundar una ciudad, traer a colonos o rematar propiedades, primero debía comprársela a sus legítimos propietarios, a los mapuche, y fue justamente eso lo que no ocurrió.

La segunda arista del conflicto tiene que ver con nuestro contrato social, la zona que actualmente comprende la Araucanía nunca estuvo bajo el dominio español y Chile recién la incorporo por la fuerza a finales del siglo XIX, antes de eso, los mapuche ejercían su autodeterminación, una autonomía que fue reconocida por Chile en el Tratado de Tapihue de 1825 en donde se reconocen jurisdicciones distintas. Esa autonomía no fue obtenida por la fuerza, sino que, a través del diálogo, a través de los Koyang, tratados en donde se negociaban y determinaban las normas relaciones de convivencia, de libre comercio, de libre tránsito, de jurisdicción, incluso sobre auxilio en caso de guerras.

La autonomía que tanto revuelo causa hoy, no es más que la invitación al diálogo y negociación de nuestro contrato social para construir un país que nos incluya a todos y en donde cada ciudadano, sea chileno, sea mapuche, sea rapanui o aimara, pueda ser dueño de su propio destino y tomar las decisiones que le afecten en su vida. Lo raro no es la autonomía, no es la diversidad cultural, no son los Estados plurinacionales o federados, lo raro, lo anticuado son los Estados unitarios y homogéneos como Chile.

Políticos más sensatos han dicho públicamente que hay que separar las aguas, una cosa son las legítimas demandas del pueblo mapuche y otra muy distinta los hechos de violencia, esto es un tremendo paso, sin embargo, si solo nos quedamos en las palabras es mera demagogia. Todos sabemos lo que prometió la Presidenta Bachelet en 2013, hasta de estatutos de autonomías hablo. Si un candidato le promete el cielo y la tierra en materia indígena, es un charlatán o no entiende nada.

¿Qué hacemos entonces? Al menos tres cosas. Primero, el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas, algo en que en campaña todos están de acuerdo, pero por esas artimañas de la vida nadie cumple después, el sólo reconocimiento no cambiara nada, pero es una prueba simbólica de que quieren que las cosas cambien a futuro. Lo segundo, es cambiar la política de tierras: pasar de la lógica del subsidio social ilimitado a la restitución por previa responsabilidad estatal. Lo tercero, y quizás lo más importante es institucionalizar al diálogo. Una propuesta interesante sería constituir un organismo público autónomo que represente a los pueblos indígenas y que les permita determinas las normas y políticas públicas que les afectan directamente a ellos, la clave está en que se permita la participación política efectiva de los indígenas, si sólo se limitara a aprobar o modificar las propuestas de otros, será lo mismo de siempre, el mismo cuento que en nada contribuye.

Con estas tres propuestas no vamos a evitar que en el futuro existan más focos de conflicto, cualquier que conozca la historia de la región sabe que en siglos no se ha podido conseguir algo como eso, pero de esta forma al menos vamos a institucionalizar al diálogo como mecanismo de resolución de controversias. Yo quiero una región más libre, más pacífica y prospera, pero eso no se logrará con estados de excepción ni con más policías, al contrario, de esa forma solo estallará.

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