Fiscal opinante

El conflicto en La Araucanía adquirió otro nivel cuando en poco tiempo hubo dos atentados que resultaron en la quema de casi medio centenar de camiones, uno de los cuales implicó extender la violencia a una nueva región. Y volverán a suceder hechos similares y a alcanzar nuevas zonas, en una escalada que ya dura veinte años, porque los autores saben que gozan de impunidad: el riesgo que tengan que pagar por sus fechorías es muy bajo.

Es así, cuando las diversas instancias del Estado encargadas de reprimir la ola delictiva han fracasado en cumplir con su función. Para qué mencionar el papel del gobierno, que distrae siempre el debate hacia la pertinencia de la ley antiterrorista, como si ella fuera el obstáculo para resolver los casos, sino que hay simples pero graves desaciertos: ¿alguien puede entender que la declaración del implicado en que se basa el nuevo juicio por el caso Luchsinger Mackay no haya sido grabada, algo que debiera ser un estándar, facilitando su retractación y que la confesión sea puesta en duda?

Por eso sorprenden las opiniones del Fiscal Nacional, que en vez de asumir alguna cuota de responsabilidad, les echó la culpa a las víctimas por no protegerse debidamente. Declaraciones que molestaron, puesto que los particulares carecen de capacidad para defenderse de ataques de ese tipo; y porque ese es el rol del Estado. Como dijo alguien: ¿qué podrían hacer un par de guardias con linternas para enfrentar algo así? Además, son cuestionables porque equivalen a la "venta del sofá": si se hubieren protegido mejor, entonces los ataques los habrían sufrido otros. Hace un tiempo fueron las iglesias, ¿acaso los templos debieran fortificarse?

Pero nadie se preguntó sobre qué derecho tiene el Fiscal de emitir opiniones sobre materias que no son de su competencia. Porque su institución es la encargada de investigar los delitos cometidos y de la persecución penal, no de fijar normas para incrementar la seguridad pública, lo que compete al gobierno. En Chile se ha confundido el debate democrático con un asambleísmo en que todos opinan.

Los organismos públicos especializados deben ceñirse a su rol y en ninguna democracia organizada se les permite a sus personeros prevalerse de su figuración para intervenir en el debate, atribuyendo culpas, exigiendo medidas o zanjando discusiones, menos aún para diluir su propia responsabilidad. Solo pueden formular declaraciones para dar explicaciones o información sobre su tarea. La discusión pública la llevan los representantes del pueblo, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y la prensa.

Y tampoco en ninguna democracia moderna la autonomía del aparato de persecución penal implica que los fiscales sean inamovibles y que no haya forma de exigirles que asuman la responsabilidad de su gestión. Se requiere una reforma, que no es consagrar la acusación constitucional, como quieren algunos parlamentarios, que se basa en infracciones jurídicas, sino que se trata que respondan por los resultados de su gestión.