Fundación Jaime Guzmán, negacionismo y amenazas al Nunca Más

En su columna "Bus de la libertad, verdad histórica y amenazas a la libertad de expresión", el abogado Máximo Pavez, firmando como director legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, critica el proyecto que busca sancionar a quienes nieguen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile durante la dictadura cívico-militar. Para ello, recomienda ver mi intervención durante la sesión de la Comisión de Constitución en que lo aprobamos en primer trámite, intentando fundamentar su tesis de que sería una iniciativa "totalitaria". A su juicio, de prosperar el proyecto, si una persona "no piensa igual que una determinada mayoría parlamentaria circunstancial respecto a ciertos episodios concretos de la historia de Chile, podría terminar privada de libertad". Además, dice que se buscaría "promover una policía del pensamiento de corte orwelliano".

Pese a encontrarse presente en dicha sesión, -¿en tanto asesor legislativo de los diputados UDI?-, lo expresado por el columnista no se ajusta a la verdad.

El texto que despachamos no criminaliza de forma alguna ideas, opiniones o pensamientos, y mucho menos por no ceñirse a lo que Pavez considera las ocurrencias de un grupo de parlamentarios sobre "ciertos episodios" de la historia de Chile. Muy por el contrario, lo que hace el proyecto es sancionar una conducta objetiva -la negación pública-, de violaciones a los Derechos Humanos comprobadas por sentencia judicial firme de nuestros Tribunales de Justicia.

Lejos de la caricatura de "totalitaria" utilizada por el abogado de la Fundación Jaime Guzmán, avanzar en una legislación contra el negacionismo en los términos señalados es un mínimo ético y jurídico para toda sociedad democrática que sufrió violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Por lo demás, también es una obligación del Estado de Chile ante los numerosos tratados internacionales suscritos, en que se comprometió a adoptar garantías institucionales, políticas y culturales para la no repetición de ellas. Se trata, entonces, de dar un nuevo paso para la aplicación concreta del Nunca Más.

Los diversos pero aun insuficientes esfuerzos en esa línea, como las comisiones Rettig y Valech, acreditaron más de 40 mil víctimas directas de los brutales atropellos de la dictadura de Pinochet, incluyendo ejecutados, desaparecidos, torturados y presos políticos. Sumados a los más de 200 mil exiliados, fueron un cuarto de millón de compatriotas a quienes se les conculcó de la peor forma sus derechos básicos.

Negar esa realidad hoy constituye una nueva afrenta a esos miles de chilenos y chilenas. Es volver a ofender y humillar a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto. Es vulnerar la dignidad de las personas y de nuestro propio país, debilitando los esfuerzos para asegurara que estos crímenes terribles no se vuelvan a repetir.

Negar esa realidad es una clara amenaza al Nunca Más.