Informe del INDH: cuando el Estado no protege

Hace pocos días fue presentado el esperado informe del INDH, cuyo anticipo tuvimos durante el mes de julio del presente año. Sin duda sus conclusiones habrían sido un aporte a la discusión en la campaña electoral, donde muy poco se habló de la situación que afecta al sistema de protección de nuestra infancia vulnerada. Esperamos que su lectura permita a las autoridades salientes dar respuesta inmediata a las observaciones planteadas y no omitirse en espera del próximo gobierno ya electo. Es por lo demás, la sistematización gráfica de lo que ha sido una realidad develada durante el último año y que arrastra décadas de deterioro haciendo insostenible dilatar las decisiones que nos encaminen a superar la crisis.

Entendámoslo bien: quedan 3 meses del actual gobierno y de las páginas presentadas se desprenden graves negligencias, incumplimientos normativos y de tratados internacionales, que ponen en riesgo inminente a miles de niños bajo su cuidado. No actuar ahora sería una forma brutal de abandono inexcusable.

El INDH, además de este reporte que involucra a los centros que administra el propio Estado, ha observado al 85% de los centros de la Red, estableciendo 181 casos críticos y presentando 200 acciones de protección individual, entre otras medidas. Es por esta razón que se hace necesario tener un reporte exhaustivo de las acciones comprometidas por los distintos organismos del Estado para superar la crisis, evaluar cómo se ha desarrollado el diagnóstico de la salud física y mental de los niños en residencia  y  la derivación a cobertura especializada por parte del Ministerio de Salud o el avance en la representación jurídica en el plan piloto impulsado por la subsecretaría de Justicia y DD.HH.

Asimismo, es pertinente analizar la forma en que se han desarrollado los egresos de las residencias, si estos se han hecho cuidando los procesos terapéuticos con las familias e impulsado adecuadamente la reunificación familiar, única forma sostenible para evitar la revictimización.

No es posible que permanezcamos indiferentes. Como sociedad, somos absolutamente incoherentes al diseñar, aprobar e implementar leyes, instituciones y programas que dicen fortalecer a nuestra infancia y por otro lado relegar a su suerte  a nuestros hijos que más nos necesitan.

El Informe conocido recientemente es claro en señalar la existencia de casos de apremios ilegítimos en los sistemas de reinserción y de protección, como también la falta de entrenamiento y capacitaciones adecuadas, supervisiones inexistentes que transforman el ambiente de cuidado en uno de alto riesgo. Especial gravedad reviste que la vulneración tenga su origen en el mismo Estado del cual no pueden defenderse.

El valor de contar con el Documento es poder avanzar con sentido de urgencia en estos temas y dar un impulso necesario a la política que el próximo gobierno asuma, teniendo en consideración que ella debe construirse desde un diagnóstico que sin duda es transversalmente compartido y constituye una oportunidad para avanzar en una verdadera política de Estado.