La deuda con la contaminación en Antofagasta

Esta columna fue escrita junto a Giorgio Jackson Diputado de la República Revolución Democrática

La Región de Antofagasta ha sido el epicentro del mayor desarrollo minero e industrial de nuestro país. Estamos orgullosos de ser la región que más aporta al Producto Interno Bruto nacional, pero hemos lidiado solos, por décadas, con las consecuencias de ese desarrollo. Tras las movilizaciones sociales del 2015 en Antofagasta, se creó una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados y se aprobó presupuesto para el Estudio de Polimetales en la Región. Sin embargo, a la fecha, nuestras autoridades no han impulsado la implementación de las sugerencias de la Comisión y el Estudio no ha iniciado.

Esta deuda con la región sigue aún pendiente, en particular por los parlamentarios representativos del distrito, los cuáles aún no han discutido la comprometida Ley de Polimetales para mitigar el impacto de la contaminación en la población.

Hablar en serio de soluciones para las zonas de sacrificio en nuestro país no pasa por medidas populistas electorales, sino por soluciones a largo, mediano y corto plazo. A largo plazo debemos pensar en un nuevo modelo de desarrollo sustentable, que apunte a la diversificación de la matriz productiva y considere las características privilegiadas de la Región de Antofagasta para la generación de energías limpias con inversión pública, generando nuevos empleos y abasteciendo a las mismas comunidades de modo de reducir el costo del acceso a servicios básicos.

A mediano plazo, debemos apostar por modificar la actual normativa ambiental, introduciendo máximos de contaminación permitidos en agua, aire y suelo aplicables a todo proyecto con impacto ambiental vigente, aumentando las facultades de fiscalización y control de la Superintendencia de Medio Ambiente y modificando los procedimientos de participación ciudadana, de modo de extenderlos a todo proceso de evaluaciónestudio o declaración de impacto ambiental. A su vez, debemos asegurar la participación de la comunidad en igualdad de condiciones con el particular que presenta el proyecto, por medio de iniciativas como la creación de una Defensoría del Medio Ambiente.

A corto plazo se vuelve urgente trabajar intersectorialmente por mitigar los efectos de la contaminación en niños, adultos y adultos mayores de las zonas más afectadas, ampliando los efectos de la actual Ley de Polimetales de Arica a toda zona saturada de contaminación a lo largo del territorio nacional, pudiendo acceder a sus beneficios como una política nacional y no sólo comunal.

Este y otros desafíos, son los que queremos impulsar desde Revolución Democrática a partir de ahora. Nuestra futura bancada parlamentaria los asume como propios, y tomamos carta en el asunto porque son, sin más, mínimos para la salud de todos los habitantes de las zonas con alta contaminación.