Esta columna fue escrita junto a Juan Barrientos Maturana

El miércoles 14 de diciembre fuimos testigos de la lamentable noticia de un incendio en un departamento del centro de Santiago, donde una madre perdió la vida con su pequeño hijo al lanzarse al vacío luego de verse atrapada por las llamas. Cuando fueron consultados por la prensa, muchos vecinos señalaron no estar al tanto de cómo evacuar el edificio ni tampoco conocer eventuales encargados de seguridad, protocolos, etcétera.

Una ciudad es inteligente cuando pone al servicio de sus ciudadanos la información que dispone. La información bien gestionada, relacionada a la prevención de pérdidas de vidas humanas ante las vicisitudes de la naturaleza, por ejemplo, nos posiciona en un nivel de desarrollo urbano superior. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando las catástrofes son de menor escala y no son, como en este caso, generadas por la naturaleza, tales como los incendios en viviendas, edificios, empresas, etcétera?

Probablemente, una de las opiniones que más acuerdo concita en nuestro país es que, a nivel general, somos una tierra colmada de emergencias y catástrofes. Contamos con el rótulo del país más sísmico del planeta, con una red impresionante de volcanes activos y una costa de más de 8 mil kilómetros que nos presenta el riesgo de tsunamis frecuentemente.

Para hacer frente a ello, los Gobiernos nacionales y locales, especialmente luego de los dramáticos aprendizajes tras el terremoto de 2010, han ido desarrollado una serie de acciones que, a medida que surgen, también se van perdiendo en la medida que el evento sísmico se aleja. Señaléticas de evacuación en las costas; rediseños estructurales de las entidades encargadas de la gestión, como la Onemi; alertas tempranas; y simulacros masivos de evacuación son esfuerzos necesarios y valiosos a la hora de estar preparados para enfrentar los periodos críticos.

No obstante, a nivel particular, una encuesta realizada por el SmartCityLab de la Universidad de Santiago de Chile en el contexto de simulacros de incendios arrojó que la mayor parte de los consultados señalaron que en caso de una emergencia real, seguirían las instrucciones de los encargados de seguridad o de evacuación que cuentan con los conocimientos para ello. Sin embargo, al mismo tiempo, la gran mayoría indicó no conocer quién es ese encargado. También, se señaló que prácticamente todos percibían que la ocurrencia de una emergencia real es muy próxima.

Sucede que la gestión de las catástrofes debe ser no solo a nivel comunal, regional o nacional, sino que también debe prestarse atención a las emergencias particulares, que finalmente pueden terminar cobrando muchas vidas.

La importancia de las juntas de vecinos, los comités de administración, los comités paritarios y cómo estas instancias se coordinan con los organismos o mutualidades encargadas de la prevención y seguridad se vuelve central para lograr ganarle a la pasividad de tomar medidas o entregar información pertinente. Es esencial, incluso, que la gente participe de las iniciativas de simulacros, capacitaciones y reuniones de copropietarios siempre rehuidas en el ajetreo diario. Hay que enfatizar el sentido de comunidad.

Aquí nuestro acento: las ciudades son eficientes e inteligentes no solo cuando pueden anticipar la erupción de un gran volcán, maremoto o reaccionar rápido ante un gran sismo sino que, además, cuando comprende que la vida cotidiana de las personas gira en torno a espacios muchas veces inseguros y sin la información pertinente.

Esta lamentable noticia del incendio en la calle San Ignacio debe llamarnos la atención y advertirnos sobre cómo hacer de los espacios de uso diario lugares seguros y, especialmente,  cómo le ganamos a la inactividad, propendiendo la fluidez de la información hacia quienes deben tenerla. Una ciudad es inteligente, sobre todo, cuando las pequeñas células que la componen actúan de manera eficiente y proactiva.