La venta de ilusiones




HAY QUE desconfiar de los candidatos presidenciales que dicen que, si ellos triunfan, el verdadero gobernante serán los ciudadanos. Esa posibilidad no existe: nunca gobiernan directamente los ciudadanos, sino los representantes elegidos a través del sufragio universal. Decir, además, que se hará lo que la gente pida (o sea, un programa de gobierno a la carta) es una expresión de cruda demagogia. Por supuesto que la democracia moderna tiene que considerar el sentir de la población al definir las políticas públicas, pero otra cosa es prometer que el pueblo gobernará.

Esa promesa ha sido un recurso usado por todos los autócratas latinoamericanos, desde Perón a Chávez. Este último les decía a los venezolanos: "Ustedes son Chávez, todos somos Chávez", para hacerles creer que se había producido la fusión del líder y el pueblo en un solo cuerpo. No era más que una artimaña para imponer el autoritarismo, cuyas criminales consecuencias están a la vista en las calles de Caracas.

En Chile, no parece haber espacio para las aventuras autoritarias, pero por desgracia se ha ensanchado el terreno del ilusionismo, como lo prueban los candidatos que repiten los eslóganes del último desfile y agitan la idea de que existen atajos hacia una sociedad con mayor igualdad. Eso es exactamente el discurso de los derechos sin deberes, que trata a los ciudadanos como si fueran adolescentes a los que hay que ocultarles los límites de la realidad.

Ejemplo de consigna desaprensiva fue la Asamblea Constituyente, brumosa en su composición y alcances, y que se describía como un momento de refundación institucional… ¡en un país que no necesitaba ser refundado! Hubo incluso una alegre bancada de diputados por la Asamblea Constituyente. ¿Adónde habríamos ido a parar si se hubiera impuesto la frivolidad de esos parlamentarios? Y allí siguen, sueltos de cuerpo, sin asomo de autocrítica, solo preocupados de ser reelegidos. El proceso constituyente auspiciado por Bachelet fue un intento de esquivar la fantasiosa asamblea con otra fantasía: la de que redactaríamos una nueva Constitución entre todos. ¡Cuánto tiempo perdido y cuántos recursos malgastados!

El país no puede pasar otros cuatro años discutiendo sobre la Constitución. Eso debería quedar despejado el próximo año mediante un acuerdo entre el nuevo gobierno y el nuevo Congreso.

La mayoría de los chilenos no quiere más experimentos dudosos, sino solución de los problemas de delincuencia, atención de salud, calidad de la educación, oportunidades de empleo digno, mejoramiento de las pensiones, etc.

Esperemos que la campaña ayude a fortalecer la cordura política y la conciencia de que gobernar es un asunto serio. El BC acaba de proyectar que la inversión caerá por cuarto año consecutivo en 2017 y que la economía crecerá solo 1,75%. Esa es la realidad.

Precisamente por ello, el Estado tiene la obligación de establecer prioridades y focalizar los recursos. En los próximos años, será necesario movilizar las energías creativas de toda la sociedad. Y eso exigirá grandes acuerdos.

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