Liderazgo y mérito en la Educación Pública

El año 2016 se cumplió un primer ciclo en la implementación de la Ley 20.501 de la Calidad y Equidad de la Educación, que estableció la selección de directores de escuelas y liceos municipales y de jefes DAEM mediante concursos, con la participación directa e indirecta de la Alta Dirección Pública (ADP).

Desde un inicio, el Servicio Civil diseñó una estrategia de trabajo colaborativo con todos los actores del sistema, muy especialmente con los municipios y en el marco de una relación de pleno respeto a la autonomía de los gobiernos locales. Como resultado, la participación de la ADP en la selección de estos directivos, en su rol garante del mérito, ha sido vista por todos los actores, y en especial por los municipios, como una oportunidad para avanzar hacia mayores y crecientes grados de inclusión y desarrollo en la educación chilena.

Al finalizar este primer ciclo, es relevante valorar el hecho que una política pública promulgada en 2011 tuvo continuidad durante el actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, permitiendo los logros con que contamos al día de hoy.

A la fecha, 2.163 Directores y 173 Jefes de Departamentos de Administración Municipal han sido electos en el marco de la ley 20.501. Esto equivale a que el 77% de la matrícula escolar municipal cuenta en sus comunidades con un directivo electo por Alta Dirección Pública. Sumado a este avance, se reconoce además la impronta renovadora del sistema especialmente en el caso de las escuelas, dado que un 60% de los directores nombrados se desempeña por primera vez en su respectivo cargo.

Reconocemos por cierto la necesidad de abordar las mejoras al sistema para consolidarlo, incorporando modificaciones en su implementación e instrumentos; así como la necesidad de articularlo adecuadamente con el proceso de reforma en marcha.

Entre las principales tareas, en las cuales el Servicio Civil ya se encuentra trabajando, están: potenciar los perfiles de cargos de Directores y DAEM en el marco de los desafíos que exige hoy el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, así como el Marco para la Buena Dirección; perfeccionar los convenios de desempeño para que estos sean una real herramienta de apoyo al desempeño de los directivos; y revisar y apoyar el desarrollo de mejores condiciones institucionales a nivel municipal para el ejercicio de los cargos.

La segunda etapa de implementación de la ley 20.501 podría darse en el marco de una nueva institucionalidad para la Educación Pública, de aprobarse el proyecto de ley que crea los Servicios Locales de Educación. Desde el inicio de la discusión del proyecto, el Servicio Civil integra una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación, que ha permitido establecer las coordinaciones necesarias para que los nuevos servicios sean adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública, en una definición consistente con los criterios que inspiraron el modelo de selección de directivos consagrados por la ley 20.501 y coherente con la ley que fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil y perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública.

Por ahora, en materia educativa, nuestro compromiso como institución es continuar con el esfuerzo para que el sistema de selección esté al servicio de los desafíos que se nos impone, cual es, contar con una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.