Es el momento de transparentar la identidad de los controladores de las empresas

El año 2016, el mundo empresarial sufrió un fuerte golpe. Esto tras la investigación global de los papeles de Panamá, conocida popularmente como los Panamá Papers. Estos reportes periodísticos transparentaron grandes fortunas de políticos y empresarios provenientes de todo el mundo, ganados vía fraudes, corrupción, crimen organizado o evasión de impuestos. Estremecidos por los casos que salieron a la luz, múltiples voces se alzaron pidiendo avanzar en la transparencia de las identidades de quiénes son realmente los propietarios de las empresas, sea a nivel nacional e internacional.

El Reino Unido fue el primer Estado en avanzar con pasos concretos hacia el "open beneficial ownership": bajo el liderazgo de David Cameron, quien posteriormente reconoció haberse enriquecido a través de una sociedad de su padre en Panamá, se anunció en 2013 un registro público de los dueños finales de las empresas. Cameron entregó dos argumentos poderosos: 1) un registro de propiedad de empresas que permitiría al Gobierno controlar eventuales fraudes y que también, de hacerlo público, permitiría que cualquier persona pudiera gestionar el debido control social sobre los datos; y 2), al mismo tiempo, facilitaría la probidad en los negocios.

El ejemplo de Reino Unido fue replicado por Noruega y los Países Bajos. Además, un conjunto de organizaciones sociales internacionales, entre ellos, Transparency International y el Open Contracting Partnership, lanzaron la plataforma openownership.org, con el fin de empezar a juntar datos de los controladores finales de empresas en todo el mundo.

Chile todavía está al debe en este aspecto. No tiene un registro unificado y actualizado de los controladores de empresas, - y aunque el Servicio de Impuestos Internos (SII) debiera quizás ser uno de los más interesados en manejar los datos respectivos, hasta la fecha, tampoco ha emitido una resolución que permitiera a empresas interesadas registrar su "beneficial ownership", de forma voluntaria y estandarizada.

Medio año atrás, ChileCompra ya definió como prioritario avanzar de a poco en la gestión y apertura de datos sobre los propietarios de las empresas proveedoras del Estado. Sin duda, al no disponer de bases de datos sobre las personas que controlan las empresas que participan en licitaciones públicas, el Estado asume elevados costos en las contrataciones: no solamente pierde la eficacia en el control, sinos también la eficiencia en el gasto.

Un ejemplo claro de ello es el sector salud. Según un estudio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), un 11% del gasto directo de los Servicios de Salud está destinado a la compra de prestaciones al sector privado (2016). Esto, principalmente, son servicios profesionales para intervenciones quirúrgicas o prestaciones de salud realizados por establecimientos fuera de la red pública. Las compras de estas prestaciones crecieron desde USD 141 MM en 2008 a USD 327 MM en 2015, cifra 2,5 veces más alta que el gasto total de la Contraloría para 2015. Relacionado, existen denuncias de médicos con contrato vigente en un hospital, prestando servicios a través de sus sociedades a la misma entidad, lo que genera un claro conflicto de interés. No obstante, ni para el Estado ni para la sociedad civil interesada existe una manera fácil de saber quiénes están detrás de estas sociedades. Sin ir más lejos, ni el SII tiene una base de datos de calidad para evaluar ello de manera certera para algunos tipos de empresas.

Para ponernos a la altura de las necesidades en nuestro país, se hace imperativo avanzar en el "Beneficial Ownership", partiendo por el mercado público. El SII por su lado pudiera empezar a recopilar información sobre los propietarios finales de los distintos tipos de empresas en un registro único, que sea de acceso público – hacia donde apunta la tendencia mundial.

Recordemos que las sociedades pantallas son el vehículo de escapada para corrupción y crimen. No hay tiempo que perder en esta lucha contra el fraude que instituciones "anónimas" podrían cometer con fondos públicos.