Nueva Constitución

Esta columna fue escrita junto a Gloria de la Fuente.

HACE ALGUNOS días el gobierno presentó el proyecto de reforma al actual capítulo XV de la Constitución para que el Congreso Nacional habilite un procedimiento que haga posible dictar una nueva Carta Fundamental. Con esto se da un nuevo paso en el itinerario constitucional comprometido por la Presidenta Bachelet, clave para darle un cauce institucional a este debate y viabilizar esta aspiración de tantos chilenos y chilenas.

Esta no es una discusión baladí ni que convoque solo a la elite política. El sentido profundo de una nueva Constitución es también buscar un nuevo pacto social, que nos permita construir entre todos los cimientos y la legitimidad de una democracia que requiere fortalecerse y hacerse inclusiva. Ello tiene la mayor urgencia y requiere un compromiso de todos los actores políticos y sociales, porque no solo el punto de llegada es importante, sino que también el proceso para alcanzar la máxima legitimidad a un orden político, económico y social que requiere reconciliarse con sus ciudadanos.

Desde la candidatura de Ricardo Lagos no solo hemos hecho explícito nuestro compromiso con este proceso constituyente, sino que las conclusiones de los diálogos ciudadanos (2016) y la propia experiencia de "tú" y "nuestra Constitución", iniciativas lideradas por el expresidente Lagos en los últimos años, fundamentan los cuatro ejes de nuestro programa.

Nuestro país requiere articular un gran consenso constitucional que permita superar el actual Estado subsidiario, fuente de los abusos y la pérdida de legitimidad de la política para avanzar en un Estado participativo, pluralista y solidario, que promueva la inclusión de las minorías en las políticas públicas y proteja sus derechos. Un Estado que garantice derechos y deberes ciudadanos, desarrolle una gestión eficiente en materia de servicios y fomento, y compatibilice la acción público privada en la economía.

Debemos dedicar todas nuestras fuerzas para unir a Chile en un esfuerzo común, que incluya a los adversarios políticos. Para que el abuso no quede impune y el dinero no determine en la política, para poner fin a las arbitrariedades y proteger al ciudadano, para crear un Estado eficiente, probo y abierto a la participación ciudadana, para fortalecer la legitimidad de las instituciones y detener el poder del dinero. Construir acuerdos en este ámbito es un imperativo ético de la política, pues solo así podremos avanzar de manera inequívoca hacia un nuevo contrato social.

Creemos que es imprescindible generar esta discusión en el marco de la actual elección presidencial y parlamentaria, porque estamos frente a la imperiosa necesidad de combatir la desesperanza y la falta de credibilidad en la política con herramientas concretas que nos permitan renovar votos con nuestra democracia que tanto ha costado construir. Los lamentables sucesos ocurridos en nuestros países vecinos en el último tiempo nos muestran que es preciso redoblar los esfuerzos por cuidar nuestro sistema político y, sin lugar a dudas, eso es algo que nos debe convocar a todos.