Un problema social no político

Que en La Araucanía hay terrorismo, lo hay. Que la clase política está al debe con los ciudadanos, lo está. Y que el actual gobierno se está hundiendo como El Titanic y estamos viendo un virtual "sálvese quien pueda", está claro.

También es claro que para nuestra región —la más pobre de Chile con un 23.5% de pobreza según la última encuesta Casen— todos han dado las mejores recetas habidas y por haber para resolver los urgentes problemas sociales que tenemos.

Está en la prensa todos los días: un plan por aquí, una agencia por allá, un intendente nuevo por allí, un aspirante a candidato por allá. Lo cierto es que nuestra gente lo único que quiere es que se solucionen sus problemas, pero los de verdad.

Las encuestas hablan por sí solas: los habitantes de esta región —incluyendo a población de origen mapuche— quieren trabajo, educación y salud, en los tres primeros lugares, y recién en un séptimo lugar nombran el problema de la tierra.

Pero esta historia no es nueva.

Lo dijimos por los años 90. Que la entrada de Chile en la carrera por firmar cuanto acuerdo de libre comercio y tratado de complementación económica que se le ocurrió a la élite de "iluminados", iba a poner sobre la mesa y como moneda de cambio a nuestra Región, cuya base económica es la agricultura sustituidora de importación. La Araucanía se empobrecería. Y así nomás fue.

Los resultados están a la vista: pobreza, cesantía, casi nada de industrias, no hay inversiones privadas, y una violencia con cara de terrorismo que nos tiene a todos entre la espada y la pared.

Digámoslo en español castizo: es el Estado de Chile el que ha provocado que estemos como estamos. Nuestra extrema pobreza es el resultado social de gobiernos inoperantes que han pretendido hacer desarrollo en La Araucanía con políticas equivocadas, insuficientes y más encima fuera de tiempo.

Por eso los debates de los políticos son una catarsis sin sentido cuando ponen el énfasis, por ejemplo, en el número de hectáreas entregadas. Y a propósito, la Ley Indígena ha gastado más de US$ 600 millones en 20 años en entrega de tierras, y, sin embargo, no hay impacto económico y la pobreza sigue ahí mismo donde estaba. Las hectáreas en desmedro están más que acotadas.

El problema, entonces, es social y no político. Se requiere cirugía mayor, no agendas cortas o mesas de trabajo que dejen las cosas igual o peor de cómo estaban.

Necesitamos liderazgos que dejen atrás la verborrea política y se arremanguen las mangas para saldar la única deuda que tiene el Estado con todos los habitantes de La Araucanía, la de habernos olvidado tanto tiempo.