Reforma del Estado
HACE DOS semanas escribíamos que la capacidad del Estado chileno para realizar sus más fundamentales tareas ha sido totalmente sobrepasada y que éste requiere de una profunda reforma.
En efecto, se le han encomendado al Estado más tareas que las que puede realizar adecuadamente, aunque opere eficientemente. Pero en más ocasiones que las deseables no lo hace así y a diario nos informamos de sus fallas. En parte éstas tienen su origen en una costumbre de vieja data en Chile, en que cada gobierno contrata a miles de partidarios, sin que necesariamente tengan las calificaciones requeridas y sin que se despidan a los empleados públicos cuyas funciones reemplazan.
Los estados nacen en la época de la Edad Media y sus funciones fueron entonces solo de defensa, de orden interno y de justicia. Con el transcurso del tiempo se fueron ampliando sus facultades para corregir las así llamadas fallas del mercado. Surgen entonces nuevas funciones estatales, como la provisión de bienes públicos, la regulación de actividades de privados y la acción redistributiva, entre otras. No obstante, a medida que el tamaño de las burocracias estatales crecía vertiginosamente se empezaron a hacer evidentes las fallas del Estado.
De lo anterior se desprende entonces la existencia de un Estado que podríamos calificar como óptimo. Se trata de aquél que interviene en la economía en aquellos casos en que los beneficios sociales de la intervención son superiores a los costos sociales asociados a ella, y lo hace solo cuando se cumple el mencionado criterio. Se trata de una norma técnica, alejada tanto del dogmatismo pro mercado como de aquél pro Estado.
En Chile el Estado gasta aproximadamente el 25 por ciento del PIB y genera además externalidades -positivas y negativas- muy significativas para otros sectores. Hay estudios técnicos que concluyen que en Chile el aporte de un incremento en el gasto estatal tiene un impacto negativo significativo sobre el nivel del PIB, lo que en sí ya es una llamada de alerta para preocuparse del tema.
Probablemente no exista reforma más importante que la del Estado para aumentar la productividad de la economía chilena. Sin embargo, realizarla es extremadamente complejo, por sus aristas técnicas y políticas, y debe guiarse al menos por los siguientes principios. Primero, debe ser un esfuerzo de Estado, permanente y empoderado acordemente. Segundo, debe tener por objetivo generar un aparato burocrático eficiente, que sin embargo responda a los requerimientos de política de los gobiernos. Tercero, éstos últimos deben estar obligados a considerar estrictamente el impacto burocrático de las nuevas iniciativas que propongan. Cuarto, los funcionarios deben ser de carrera y deben ser nombrados con total prescindencia de la política contingente, para evitar la rotativa de funcionarios de alto nivel y la contratación indiscriminada de operadores políticos. Y quinto, las remuneraciones deben mantener, para funciones de similares características, una razonable relación con aquellas del sector privado.
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