El rol de la justicia chilena para un sistema de investigación eficaz de femicidios

El femicidio es la culminación de una serie de actos violentos a lo largo de la vida de una víctima. En la mayoría de los casos de mujeres muertas en manos de sus parejas existió una relación abusiva definida por un círculo de violencia donde era habitual el maltrato.

La dinámica de violencia que viven las mujeres al interior de este tipo de relaciones lamentablemente no siempre encuentra en las instituciones un espacio de apoyo oportuno que se adapte a los distintos protocolos internacionales sobre femicidio, a través de mecanismos que permitan efectuar una intervención a tiempo.

En 2014 ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos lanzaron el Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), elaborado con expertos de la región y de todo el mundo. Este Modelo es una herramienta para que Carabineros, Tribunales, funcionarios de los sistemas de justicia y médicos forenses investiguen adecuadamente el femicidio, comenzando por definir los crímenes de odio contra las mujeres y recomendando cómo deberían investigados y procesados. Eso significa, ante todo, comprender y reconocer el historial de violencia que llevó al femicidio.

En este sentido, el rol y actuación del sistema judicial constituye un elemento central a la hora de abordar los casos de femicidio.  Hoy contamos con un estándar de debida diligencia y parte del supuesto de que los Estados deben contar con sistemas de justicia adecuados que aseguren a las mujeres víctimas de violencia el acceso a los mecanismos de justicia penal y restaurativa.

Sin embargo, los estereotipos de género se siguen manifestando en el funcionamiento de los sistemas judiciales y muchas veces son perpetuados por agentes estatales de las diferentes esferas de la administración.  Actualmente, entre los jueces y diferentes agentes judiciales siguen existiendo ideas preconcebidas y equivocadas en materia de género que pueden afectar el derecho de las mujeres de acceder a la justicia y de contar con un juicio imparcial.  Entre estos estereotipos destaca la presunción tácita de la responsabilidad de la víctima por lo que le sucedió, ya sea por su forma de vestir, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor.

ONU Mujeres detectó que existen fuertes deficiencias e irregularidades en muchas de las investigaciones y los procesos judiciales abiertos en casos de violencia contra las mujeres, en especial los casos de muertes violentas. Frecuentemente en estos juicios existe una falta de protocolo por parte de los jueces, lo que da lugar a un trato inadecuado a las víctimas o una escasa credibilidad a su testimonio. También suele ser común la gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son competentes e imparciales o el énfasis exclusivo en la prueba física y testimonial.

Por eso, es imprescindible contar con jueces y juezas capacitados para intervenir en este tipo de casos. El éxito de las investigaciones en los casos de presuntos femicidios necesita un monitoreo constante de las políticas de investigación y sanción, la sensibilización sobre la violencia motivada por el género, aumentar los espacios de capacitación y formación de los funcionarios y las funcionarias en todo el proceso judicial con el fin de eliminar los prejuicios. 

Hoy contamos con una herramienta de trabajo para la investigación de los femicidios que permite organizar y explicar los elementos probatorios y pruebas físicas.  En el caso de los femicidios se pueden establecer las razones de género que motivaron su realización, del nexo causal entre la acción delictiva y el resultado de la muerte, y de la responsabilidad de los autores. Esta herramienta de trabajo y metodología también es aplicable a los femicidios frustrados, ya que también estos deben ser analizados a partir de las razones de género que motivaron su realización.

Como país tenemos un gran desafío y el caso de Nabila Riffo establece un precedente y fuente de preocupación en la forma como se abordan los crímenes dirigidos contra las mujeres y las niñas por los sistemas de justicia.  En este caso en particular el uso de circunstancias atenuantes para disminuir las penas son algunos de los muchos obstáculos a los cuales las víctimas y su familiares se enfrentan en sus esfuerzos para acceder a la justicia.