Superar el "estándar Golborne"
El Presidente Piñera nombraba el 2012 a Jorge Bunster como Ministro de Energía, fuertemente cuestionado por su participación accionaria en COPEC y Enersis. Asumió su defensa en los medios de comunicación Laurence Golborne, señalando que "pareciera que aquí uno debiera venir del cielo o de un universo paralelo (…) El tema de la probidad tiene que ver con los valores y la ética que cada persona tenga". Mucha agua ha pasado bajo el puente en estos 5 años. El propio Golborne está fuera de la política por haber protagonizado escándalos relacionados con la probidad: Omitió en su declaración de patrimonio e intereses una millonaria sociedad en paraísos fiscales, y fue formalizado por emitir boletas ideológicamente falsas en el caso Penta.
La legislación también ha avanzado empujada por consensos sociales en el debate público que vuelven obsoletos los argumentos de Golborne. Tenemos una nueva regulación para las declaraciones de patrimonio e intereses, según lo dispuesto en la Ley de Probidad, que también estableció la obligación de realizar un fideicomiso ciego a las autoridades cuyo patrimonio supere las 25 mil UFs. Las autoridades pueden mantener sus inversiones, pero éstas son administradas por un tercero independiente para evitar conflictos de intereses. Esta figura suele ser criticada porque el supuesto de la incomunicación entre autoridad y administrador es fácil de vulnerar.
Existe otro tipo de fideicomiso, denominado diversificado, que implica ampliar el portafolio de inversiones con porcentajes más bajos de propiedad. El Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción propuso que se estableciera el fideicomiso diversificado en vez del fideicomiso ciego, pero el legislador optó por esta última herramienta. Por esto el Observatorio Anticorrupción evalúa este aspecto de la Ley de Probidad con la nota más baja entre las nueve áreas temáticas sobre las cuales se ha legislado.
El ex presidente Sebastián Piñera está siendo investigado por negociación incompatible y uso de información privilegiada, ocurridos antes de las disposiciones de la actual Ley de Probidad. Convenimos que el caso del ex presidente Piñera es muy particular, tanto por el alto valor de su patrimonio como por el tipo de inversiones que posee, por lo que algunas de las disposiciones de la Ley de Probidad no contemplan ciertos aspectos de esta particularidad. Me refiero principalmente a las inversiones en el extranjero –no contempladas en la ley- y la obligación de diversificar el portafolio de inversiones.
Argumentos del estándar del ex ministro Golborne no pueden ser en la actualidad la guía de acción de las autoridades. Aunque la ley no contempla la obligatoriedad de establecer un fideicomiso de las inversiones en el extranjero, no lo impide, por lo tanto Piñera debiera hacerlo en el caso de ser elegido Presidente. La ley tampoco exige la diversificación de la cartera de inversiones, pero sí permite que a través de las instrucciones de inversión la autoridad la disponga. El mero cumplimiento de la ley, en la actualidad, no es garantía de probidad suficiente, pues existe consenso generalizado en que la probidad ya no es cosa de cada persona.








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