UDI: giro programático

SE HA conocido, de manera parcial, un documento de la UDI que actualiza su programa. El escrito resulta interesante pues representa un reconocimiento de sus falencias ideológicas históricas y, además pues, pese a representar un avance, deja en evidencia las dificultades de la derecha para enfrentar los desafíos de una sociedad democrática moderna.

La UDI reconoce su fidelidad al modelo económico de Pinochet y su incapacidad de haber articulado un proyecto político que se hiciera cargo de los cambios que se habían producido, lo que la habría llevado a "simplemente profundizar las recetas que se habían aplicado". Reconoce también no haber comprendido que el modelo no era intocable y que las instituciones deben adaptarse a los cambios que el propio desarrollo genera. La admisión de sus errores en política social es aún más categórico; en particular cuando admite su preocupación exclusiva por el aumento del ingreso y su falta de atención a la calidad de vida y el bien común. Es un cuestionamiento profundo a sus propuestas de políticas públicas en los 25 años de restaurada la democracia. ¡Qué distinto habría sido la política chilena si la UDI, partido con mayor representación parlamentaria en largos periodos de la historia reciente, hubiese ejercido la oposición orientada por su nueva visión!

Pero ¿cuáles son los reales alcances de su giro programático? Si bien parece abandonar la idea del "Estado mínimo" su propuesta de "Estado robusto" se distingue poco de las visiones tradicionales del "Estado subsidiario". Propone "un Estado eficiente y presente, capaz de garantizar seguridad y justicia para todos, pero no monopolizador" refiriéndose esto último, probablemente, a la participación directa del Estado en la política social. Es una respuesta débil a la creciente conciencia ciudadana de que la privatización de la política social no logró proteger a las clases medias y populares frente a los grandes males; la enfermedad (la salud privada muestra costos crecientes y el sistema de Isapres aparece cuestionada por la judicialización y la crisis de sus empresas); la pobreza en la vejez (donde las AFP son una respuesta para una parte muy limitada de la población) y la grave situación que afecta al modelo educativo desde hace décadas.

Aunque tardío, es importante que la UDI reconozca que la concentración del poder económico es un problema. Su vinculación estrecha con varios de los principales conglomerados contribuía a que se conformara con suponer que el mercado resolvería el problema. No obstante, no aparecen propuestas específicas para abordarla. En el campo económico, reconocen que el país enfrenta un grave problema de estancamiento de la productividad pero, si bien aceptan por fin la necesidad de un "Estado regulador" no se interrogan respecto de las tareas que debería impulsar el Estado, para facilitar el esfuerzo nacional para generar nuevos impulsores del crecimiento, limitándose a insistir en "no desperdiciar las capacidades de la sociedad civil". Este último es un concepto antiguo pero de reciente adquisición por parte de la derecha que lo reconvierte en un sustituto del término empresario, caído en descrédito en los últimos tiempos.