Un problema de conciencia

Ignacio Sánchez, el rector de la Universidad Católica, nos ha anunciado que la conciencia es un asunto institucional. Algo que sobrepasa a los individuos, los condiciona y reside en las creencias de los directivos nombrados por el jefe de un Estado monárquico. La conciencia, entonces, se derrama desde una cima hasta la base. El rector ya había advertido durante la tramitación del proyecto de despenalización del aborto en tres causales el alcance de su idea de conciencia: ningún profesional que tenga una opinión distinta sobre el tema podría trabajar en la institución que encabeza. No sólo eso, también vaticinó que de aprobarse la ley sobre interrupción del embarazo, el brazo de esa conciencia institucional se extendería hasta los centros de salud pública, provocando la renuncia de centenares de profesionales. Lo dijo con la misma seguridad con la que le exige al gobierno que se le reconozca a la Pontificia Universidad Católica su rol público, en virtud de los cuantiosos fondos de dinero que le exige al Estado.

El rector ejerce su derecho de libertad de expresión para sugerirnos que no hay espacio para el disenso sobre este tema -y suponemos que para otros tampoco- dentro de su universidad. A juzgar por el silencio que suele guardar el resto de la comunidad universitaria de esa casa de estudios cada vez que su rector hace este tipo de declaraciones, esto debe ser así. El señor Sánchez no hace más que informarnos que allí dentro todos piensan del mismo modo y quien no lo haga debería buscar otro sitio para ejercer sus actividades. Curiosa manera de encarnar un rol público en una sociedad democrática. Porque aunque su universidad sea pontificia y dependa de un Estado extranjero, uno supondría que debe adaptarse al ordenamiento político de la sociedad local. Eso es algo que la institución supo hacer muy bien en un pasado reciente, cuando su conciencia se alineó con los acontecimientos y colaboró de modo entusiasta con un régimen que -tal como el rector Sánchez sugiere actualmente a las autoridades civiles- solía advertirle al país que más nos valía guardar silencio si no estábamos conformes con su forma de ver el mundo. Bajo estas condiciones, la institución que encabeza el rector Sánchez logró un impulso y un sitial que nunca antes tuvo y gozó de una libertad de conciencia tal que le permitía, por ejemplo, silenciar en su propio canal las opiniones del cardenal que le resultaba incómodo al gobierno, censurar obras de teatro que no se ajustaban a la moral de una de sus autoridades y hasta entregar alumnos a los agentes de la represión, sin que les generara ningún conflicto interno el destino que podrían llegar a tener esas personas.

Últimamente, incluso nos hemos enterado de que en esa época la institución se encargaba, además, de ocultar la información que podría haber aclarado los acontecimientos que provocaron la muerte de uno de sus egresados, el Presidente Eduardo Frei Montalva. Habría sido interesante durante esos años -cuando el aborto terapéutico aún era legal antes de que un puñado de varones de uniforme y sotana decidiera penalizarlo- haber escuchado un debate al respecto, haber sido testigos de cómo los representantes de la institución debatían sobre "la cultura de la vida versus la cultura de la muerte", por ejemplo. En lugar de eso, lo que podíamos ver era cómo en su canal se destacaba el trabajo de profesionales como Hartmut Hopp, mano derecha de Paul Schäfer, condenado por la justicia chilena por abuso de menores.

Los caminos de la conciencia son misteriosos y en ocasiones se estrellan de frente con los del conocimiento, como lo pudo vivir en carne propia en plena democracia el médico Horacio Croxatto, un hombre católico que después de años de investigación tuvo la mala idea de formarse su propia opinión sobre la interrupción del embarazo y comunicarla. El doctor se enteró que un senador y ex vicerrector de su misma universidad tenía la intención de aumentar la penalización en casos de aborto. Su conciencia -la individual, no la institucional- le exigió actuar. Croxatto escribió una carta a los parlamentarios para frenar el proyecto. Logró hacerlo, pero la institución en la que estudiaba y había hecho carrera decidió despedirlo.

El rector de una universidad cristiana, cuya matrícula de pregrado está compuesta en su mayor parte por alumnos que viven en las cuatro comunas más ricas de Santiago, le ha anunciado al país que la institución que dirige tiene un compromiso con la moral pública y una conciencia colectiva intachable y firme. También ha abierto una puerta para que la memoria de esa conciencia comience a ser escrutada públicamente de cara a la próxima visita de su máxima autoridad, el Papa, que ha hecho de la justicia social y la sospecha sobre el mercado y el neoliberalismo -modelo de desarrollo establecido en nuestro país por egresados de la Católica- uno de los sellos de su pontificado.