Lo que comenzó el domingo pasado como la quema de una caseta de seguridad de la Gendarmería Nacional en Villa Mascardi, en la provincia argentina de Río Negro, se expandió rápidamente con la toma de terrenos, casas e incendios. En esta pequeña comunidad, ubicada a 30 kilómetros de Bariloche, relataría Patricia Bullrich en los días posteriores, no solo había miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) argentina, sino que también de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) de Chile.
El tema no le es ajeno a Bullrich. Es más, en su gestión como ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, vio pasar por su escritorio dos bullados casos relacionados con el pueblo mapuche en el país transandino: la desaparición y posterior hallazgo de Santiago Maldonado, simpatizante de la causa, que apareció ahogado en el río Chubut en 2017, y la muerte de Rafael Nahuel, joven de 22 años aparentemente abatido a tiros por fuerzas policiales ese mismo año, en un caso que aún no se cierra.
La Tercera conversó con la actual presidenta de Propuesta Republicana (PRO) sobre lo ocurrido, donde criticó la falta de acciones por parte del gobierno de Alberto Fernández y lo acusó de fomentar una política donde las policías “no pueden tirar cuando les están disparando por miedo a la represalia que pueden tener”.
¿Cómo califica lo ocurrido en Villa Mascardi durante el domingo pasado?
Es un avance de acciones violentas, de violencia extrema. Terroristas que cada día están más empoderados por la decisión del gobierno de tener un apoyo, no totalmente explícito, pero casi explícito. Les dieron la orden a las fuerzas federales de que se replieguen. No hay ninguna autoridad que se haga cargo, de hecho, es al revés, les ordenan replegarse. El gobierno de Río Negro viene pidiendo desesperadamente que lo dejen actuar mientras piden ayuda, y ya tenemos vecinos que han visto a (Facundo) Jones Huala en la zona, el lonco argentino prófugo de la justicia chilena.
¿Ellos lo pudieron identificar visualmente?
Sí, correcto. Lo vieron a él, y también está el testimonio de habitantes del sector, quienes reconocieron que los atacantes no eran argentinos, sino que eran chilenos de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Una de las personas que estaban en el grupo es alguien buscado por la justicia argentina por la muerte del policía José Aigo, asesinado por este miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el año 2012.
¿Entonces asegura que está confirmada la presencia de la CAM en territorio argentino para el momento del ataque? ¿O podrían ser otros chilenos que reivindican la vía armada en el contexto mapuche?
Segura, es gente de la CAM junto a Jones Huala. Nosotros lo vemos como la búsqueda por generar ciertas acciones desde este lado, del territorio argentino, producto del fracaso que han tenido con la Constitución. Esta demostración de unidad nos parece que es una respuesta a este tema. Tenemos un gobierno que ya no es ausente, sino cómplice, porque al guardaparques al que le incendiaron la vivienda y luego sacaron a los golpes les pidió por favor volver a su casa. Le dijeron que no. El gobierno abandonó a los ciudadanos, dejándolos totalmente solos, y en respuesta este grupo ya se tomó todo. En estos tres días, ya van más de 40 hectáreas tomadas, donde hay incluso gente viviendo. La situación es muy grave.
¿Quiere usted decir que los ciudadanos de Villa Mascardi siguen dentro de estos terrenos, pese a que el espacio se encuentre tomado por estos grupos?
Hay poca información, porque hay gente que sabía que se venían, porque iban tomando casa por casa, pero se sabe exactamente cuál es la situación. Los vecinos de la zona dicen que se las tomaron todas. Hay un centro donde están buscando a las personas que viven en el barrio, lo que es una situación bastante complicada.
¿Qué cree que debería hacerse frente a esta situación?
Cuando yo era ministra de Seguridad, entre 2015 y 2019, habíamos hecho un comando conjunto entre los tres procuradores -las personas que representan las justicias a nivel provincial- de Río Negro, Neuquén y Chubut, el procurador nacional, la gente del Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Nos juntamos con fines operativos para llevar adelante un rastrillaje de toda la zona, así como abrir causas contra aquellos que llevaban adelante este tipo de acciones a través de la persecución penal. Esto llevó, dentro de algunos de nuestros logros, a realizar el proceso de búsqueda de Jones Huala, quien estaba prófugo. Luego se le llevó a la corte para su extradición a Chile. A partir de ahí, bajó mucho la violencia, aunque hubo casos muy conocidos, como lo fue el caso Maldonado. Pero hubo una decisión político-estratégica de no permitir la toma de tierras, de no dar cabida a la violencia, y es lo que se tiene que hacer. Lo que nosotros creemos que hay que hacer está muy lejos de lo que el gobierno hace. De hecho, está en el otro extremo. La ley y el orden por encima de todos los ciudadanos para resolver los problemas, o el anarquismo, la fuerza y la política del sálvese quién pueda.
En el gobierno pasado, usted ofició como ministra de Seguridad. ¿Cómo califica la labor del actual ministro, Aníbal Fernández, con relación a este tema?
Bueno, imagínese usted, si en el día a día hay gendarmes que tienen una caseta de seguridad y no pueden tirar cuando les están disparando por miedo a la represalia que pueden tener ellos. El martes fueron 30 gendarmes con la fiscal contra tres que les tiraron piedras, y ella les dijo “nos retiramos”. A los dos minutos, los tres que lanzaban objetos habían tomado y quemado las casas de algunos ciudadanos que vivían allí, quienes ya habían salido de sus hogares por el miedo que tenían, y a la Gendarmería no la dejaron actuar. Imagínese cómo están la Gendarmería y el pueblo, considerando que la misma fiscal, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, les dijo a las fuerzas de orden que no intercedieran y dejaran que tomaran todo. Hay una situación de anomia total, donde los vecinos tienen tanta bronca que pueden llegar a tomar decisiones por mano propia, porque sus propiedades están destruidas o tomadas, donde nadie puede vivir allí. Se sabe que está Jones Huala y no lo buscan. Se sabe que hay gente de la CAM. Se sabe que entre ellos ha sido identificado uno de los asesinos del policía José Aigo, quien murió en 2012 en Río Negro. La situación es de mucha tensión, y sobre todo gracias a que el gobierno es parte del problema y no de la solución.
Considerando que Chile y Argentina comparten frontera, ¿hubo alguna política conjunta entre ambos países durante la gestión del expresidente Mauricio Macri?
Nosotros tuvimos varias reuniones. En un principio fueron con el gobierno de Michelle Bachelet, donde vinieron varias veces subsecretarios relacionados con la seguridad. Dialogamos en torno a estos temas para buscar una colaboración en el orden de la justicia y de la paz, especialmente en torno a la información que podíamos compartir para generar paz y el control de los cruces entre Chile y Argentina. Colaboramos bastante, y no solo con esa gestión. Con el gobierno de Sebastián Piñera también coincidimos en los últimos años de la presidencia de Macri. Fue mayor con el de Bachelet, por cierto, por el cruce de años.
¿Cree que debería continuarse ese diálogo entre ambos países considerando la realidad actual de Chile y Argentina?
Sí, pero el tema es hacia dónde se trabaja, hacia qué política. Porque si esta apunta al avalar la ilegalidad, la toma de tierras, la usurpación y la violencia, no sirve. Serviría si la política es tener paz y orden en la región, así como lograr que las cosas se hagan de acuerdo a nuestras propias constituciones.
Pareciera, con la confirmación de la presencia de personajes como Jones Huala, miembros de la CAM y el prófugo chileno por la muerte del policía argentino, que se está juntando mucha gente de interés compartido entre ambos países. ¿A qué se podría deber la coincidencia de todos ellos?
A mí me parece, y esto es un análisis propio, que atiende a la derrota que tuvo la Convención Constitucional, que de nuestro punto de vista era un exceso de parte de los constituyentes chilenos cuando se hablaba de una mirada transfronteriza, lo que de alguna manera se inmiscuía en la soberanía argentina respecto de cómo nosotros podemos manejar ese conflicto. Yo creo que estos hechos se pueden leer como una respuesta al hecho de haber salido derrotados de esa contienda. La otra respuesta se puede entender directamente al hecho de que Jones Huala ha regresado y quiere liderar nuevamente este movimiento. Pero en ese sentido, tanto Argentina como Chile deberían haber entendido que la liberación de este personaje sin ningún tipo de control iba a conducir a una situación muy complicada.