Cuatro días después de enviar un correo en que presuntamente amenaza de muerte al Presidente Sebastián Piñera y a su familia -así dan cuenta informes de la PDI y los antecedentes del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior- Roy Camacho Valverde, ciudadano peruano de 20 años, ya tenía a efectivos de la Brigada del Cibercrimen de la PDI tocándole la puerta de su casa. Y hoy, dos meses después, y una vez que sea notificado y resuelto sus asuntos judiciales, tiene 72 horas para abandonar el país.
Esta mañana, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, decretó la expulsión Camacho, por las presuntas amenazas dirigidas al Presidente Piñera, y además, porque el ciudadano peruano estaba con vista de turista en nuestro país, la que venció en febrero de este año.
Según los antecedentes de la investigación, el 25 de marzo, Camacho envió desde su teléfono Motorola, en la casa de su tía, en calle Victoria en Valparaíso, un correo electrónico a Presidencia. Allí habría emitido palabras amenazantes, “de muerte” de acuerdo a los peritajes de la PDI, contra Piñera, su esposa y sus hijos.
De acuerdo a un informe de expulsión remitido por el Departamento de Extranjería al subsecretario del Interior, “el extranjero en comente fue denunciado por el delito de atentados y amenazó contra la autoridad, al haber amenazado de muerte al Presidente de la República, su esposa e hijos, causando un grave perjuicio en la seguridad individual, integridad física, seguridad Interior y el Orden Público, lo que genera graves consecuencias sociales, que afectan los intereses colectivos resguardados por el Estado, y cuya realización además atenta directamente contra el bienestar común y orden social, por lo que no es posible aceptar su permanencia en territorio nacional”.
El joven peruano de 20 años no registra antecedentes penales, además de esta investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte por amenazas, ingresó a territorio nacional el 31 de enero de este año, por el paso Chacalluta con permiso de turista. Desde entonces ha permanecido en la ciudad de Valparaíso en la casa de uno familiares, lugar desde donde habría emitido las amenazas.
Las razones para remitir el correo con los presuntos amedrantamiento, en base a la declaración de Camacho entregada a los investigadores, es que tenía un cierto resentimiento contra el Presidente por el estallido social ocurrido en Chile y un supuesto incidente entre unos amigos de él y la policía en la Plaza Sotomayor.
Otras 30 denuncias y 22 personas detectadas
Las amenazas contra autoridades por redes sociales vienen siendo un tema desde, justamente, la crisis social. Desde entonces, tanto la PDI, como el OS-9 de Carabineros, han volcado sus pesquisas virtuales para identificar a estas personas.
En el caso de Carabineros, son siete los casos que investiga este año, donde figuran los amedrantamientos a parlamentarios, en medio del debate del retiro del 10% de las pensiones que desde hace dos semanas se discute en el Congreso.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló a La Tercera PM que “como gobierno rechazamos y consideramos inaceptable cualquier tipo de amenaza. Aún más grave resulta si estas amenazas pretenden inhibir o amedrentar a los representantes de la ciudadanía frente a una decisión política. La democracia se basa en la deliberación de argumentos, libres de violencia, por lo que cuando se amenaza a una autoridad so pretexto de guiar o influenciar su decisión, lo que se amenaza es nuestra democracia”.
Pues bien, el trabajo en estas investigaciones ya comienza a dar sus frutos y la PDI sacó algunas cuentas. La Brigada del Cibercrimen, cuenta con 31 denuncias -incluidas la del ciudadano peruano- entre enero y julio de este año por amenazas contra autoridades.
De ese desglose, el 22 casos se obtuvo un resultado positivo, logrando identificar a los autores de los mensajes, y hay siete peritajes en curso, a nivel nacional e internacional, para avanzar en otras identidades.
Del total de casos, ocho denuncias son por amenazas al Presidente. En cuatro casos se logró detectar a sus autores, tres están en etapa de investigación, y un caso sin resultado, dado que el autor falsificó todas las cuentas desde donde ejecutó los mensajes.