Tras los problemas que se han conocido respecto del funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público en la Región de O'Higgins, el gobierno ha anunciado una iniciativa para modificar los sistemas de nombramientos de jueces, ministros de corte, fiscales adjuntos y regionales.
La iniciativa contempla para el nombramiento de los fiscales regionales del Ministerio Público la creación de un Comité de Selección compuesto por el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, un miembro de la Alta Dirección Pública y un académico nombrado por las universidades acreditadas por más de cinco años, y otro comité semejante para el nombramiento de los fiscales adjuntos en que el presidente de la Corte de Apelaciones es reemplazado por el Fiscal Regional. Este Comité seleccionará ternas para los cargos, y de esa terna la elección será realizada, como es actualmente, por el Fiscal Nacional. La iniciativa cumple varios propósitos, como profesionalizar la selección de estos cargos y hacerlos más transparentes. Además, busca que las Cortes de Apelaciones se dediquen a su función jurisdiccional y no se distraigan en este tipo de tareas, eliminando de paso los tradicionales "besamanos", práctica que se ha demostrado ninguna consecuencia positiva le acarreaba al funcionamiento del sistema.
Por su parte se crea en el Poder Judicial un Comité de Nombramientos compuesto por cinco miembros, uno designado por cada uno de los poderes del Estado, además de un académico nombrado de la forma ya señalada para el Comité de selección de fiscales y un miembro designado de la Alta Dirección Pública. Este Comité tendrá la facultad de efectuar la preselección y luego el nombramiento mismo de los jueces y ministros, hoy responsabilidad del Ministerio de Justicia, con lo que además de focalizar la labor de las Cortes en asuntos jurisdiccionales, evita la excesiva preponderancia del Ejecutivo en estas materias.
Así las cosas, la iniciativa debe ser celebrada en cuanto a que correctamente profesionaliza la labor de selección y al menos en el papel la vuelve más técnica. El riesgo por supuesto estará en que el Comité de Nombramiento se politice y será relevante asegurar procedimientos transparentes para la designación de sus miembros, siendo importantes la duración que tendrán esos cargos y la exclusividad en el desempeño de esas funciones. Si se determina que estas funciones sean a tiempo parcial, ello acabará generando menores niveles de responsabilidad de los miembros del Comité, incompatibles con la importancia de las labores que se les asignan.
Sin embargo, el proyecto sólo toca marginalmente el sistema de nombramientos del Fiscal Nacional y de los miembros de la Corte Suprema. La reciente experiencia en el nombramiento del actual Fiscal Nacional y el nombramiento fallido (injustamente) de la Ministra Dobra Lusic a la Corte Suprema ponen de manifiesto que dichos sistemas también deben ser revisados para asegurar la transparencia y disminuir (nunca acabar) los elevados niveles de influencia política en ellos. La Comisión del Senado ha anunciado medidas para promover el debate informado de los méritos de los postulantes en las audiencias públicas que la Constitución establece para estos efectos, que en el actual sistema configuran una puesta en escena falaz que ocultan las verdaderas negociaciones que se llevan a cabo tras bambalinas en oficinas de abogados, lobistas y operadores que actúan en la oscuridad. Tales medidas son adecuadas pero aparecen como insuficientes para asegurar niveles aceptables de meritocracia y transparencia al momento de decidir tan altos cargos.